La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera

La ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, inicia una nueva vertiginosa  semana con el decreto ley, que tiene como objetivo controlar los efectos de la subida de los precios energéticos en los consumidores, como protagonista. A las reuniones mantenidas en días anteriores con el consejero delegado de Endesa, José Bogas, y con el presidente de EDP, Rui Texeira, les siguen otros encuentros y trámites más problemáticos.

Este lunes se entrevista con el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, y el miércoles con el de Naturgy, Francisco Reynés, y con el de Iberdrola. Ignacio Sánchez Galán. El objetivo de los empresarios es que el Ejecutivo modifique el contenido del decreto que reduce los ingresos de estas compañías en 2.600 millones de euros hasta marzo. El presidente de la compañía con sede en Bilbao está muy activo con ese objetivo -ha sido la más afectada en Bolsa- y cuenta con un aliado que no es nuevo: el PNV.

También esta semana, miércoles y jueves, el decreto entra en el Congreso para su convalidación; y para superar este paso, el Gobierno necesita el apoyo del PNV, que no aportará sus votos si no se pacta cambios en este texto legal, pero que choca con el planteamiento de Unidas Podemos. Las modificaciones solicitadas por las empresas se refieren al precio de referencia del gas y que la minoración establecida en el texto legal no se aplique a los contratos suscritos por las eléctricas antes del 14 de septiembre, y que se han firmado a precio fijo.

Si bien la suspensión o revisión del sistema de minoración de los ingresos que reciben la hidráulica, la nuclear y algunas renovables, que reciben el precio que marca otras centrales por el sistema marginalista del pool, es la estrella del decreto. Acabar con los llamados beneficios caídos del cielo era un tema que estaba encima de la mesa de distintos Gobiernos del PSOE. Si bien el Ejecutivo confía ahora más en que Bruselas actúe porque la crisis energética actual afecta al conjunto de la UE.

Mientras, fondos de inversión, que son algunos de los principales accionistas de las compañías, y bancos de inversión han coincidido en señalar que los cambios normativos conlleva inseguridad jurídica y retrae a los inversores. Argumentos, asimismo, utilizados por las compañías.