OBS Business School publica el informe El vehículo eléctrico en España, dirigido por May López, investigadora de la escuela y Directora de Desarrollo de la plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible. El estudio subraya que la pandemia ha puesto de manifiesto el papel fundamental que desempeña la movilidad para garantizar la sostenibilidad desde el punto de vista económico, social y ambiental.

«La movilidad hoy en día es un derecho, un elemento de cohesión social y de crecimiento económico, por ello el sector de la automoción es estratégico en la economía española y representa el 4,53% de nuestro PIB», resalta el informe.  El estudio precisa que las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del transporte por carretera ya representan una cuarta parte de las totales de CO2 en España, y la movilidad eléctrica es una de las claves en el proceso de descarbonización.

España produce el 3% de los coches del mundo y es el segundo productor de Europa. De los 48 modelos que actualmente se fabrican en España, 13 son eléctricos puros (8 son vehículos comerciales, furgonetas, y 8 son híbridos enchufables, turismos). En 2035 todos deberán ser eléctricos puros o de hidrógeno. El informe de OBS indica que para lograrlo España debe asegurar la correcta adaptación de las fábricas y del sector a unos objetivos que marca la UE para toda la flota: los automóviles deberán emitir un 15% menos de CO2 en 2025 y a partir de 2030 llegar a disminuir el 37,5%; en cuanto a las furgonetas, esta reducción será del 15% y 31% respectivamente.

Un punto de recarga eléctrica cada 60 km

El Pacto Verde Europeo y la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente establecen llegar a la neutralidad climática para 2050. Para ello, fija unos objetivos intermedios: la reducción del 55% de las emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) en 2030; la reducción del 90% de las emisiones brutas totales de gases de efecto invernadero generadas por el transporte para 2050, así como conseguir que más de 100 ciudades europeas sean climáticamente neutras en 2030, entre otros.

El programa “Fit for 55” de la UE establece la necesidad de disponer de un punto de recarga eléctrica cada 60 km y un surtidor de recarga de hidrógeno cada 150 km, lo que significaría 3,5 millones de estaciones de recarga pública para dar servicio a los 80.000 camiones y 30 millones de automóviles ‘cero emisiones’ (5 millones en España incluyendo híbridos enchufables), que deberán estar operativos en las carreteras europeas en 2030. Con ello prevé una reducción de las emisiones en esta década de más de un 30% y una cuota del 28% de energía renovable en el transporte, principalmente mediante electrificación y biocarburantes. Entre otras obligaciones, la norma establece que a partir de 2023 todos los edificios que no estén destinados a uso residencial y con más de 20 plazas de aparcamiento deberán contar con infraestructura de recarga. Y los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares, es decir, más de 140 municipios españoles tendrán que establecer zonas de bajas emisiones en esa misma fecha.

Además, debido al auge de los servicios de reparto de mercancías y el aumento del impacto de estos en las áreas metropolitanas, “se deberán establecer medidas para conseguir que el transporte comercial avance hacia la electrificación promoviendo la adquisición de nuevos vehículos eléctricos y el despliegue de infraestructura de recarga mediante programas de ayudas”, afirma May López, investigadora de OBS Business School.

El transporte por carretera, la mayor fuente de óxido de nitrógeno

En abril de 2021 se batía en España un nuevo récord en concentración de CO2 en la atmósfera, alcanzando la cifra de 421 partes por millón (ppm) y convirtiéndose en la más alta desde que comenzaron las mediciones en 1958. El transporte por carretera es la mayor fuente de óxido de nitrógeno (39%), un problema que se agrava en los núcleos urbanos, en los que vive más del 75% de la población española. Y las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del transporte por carretera ya representan una cuarta parte de las totales de CO2 en España. Por ello, la adopción de vehículos eléctricos en España es vital y así lo obliga la normativa europea, pues marca para España una cuota de contratación pública de un 36,3% de vehículos ligeros limpios (10% de camiones y 45% de autobuses) para la segunda mitad de 2025. Si, además, estos son recargados con energía eléctrica proveniente de fuentes renovables, se contribuye doblemente a los objetivos del Pacto Verde Europeo y la Ley de Cambio Climático.

El informe de OBS reclamaponer el foco en la gestión del final de la vida útil de las baterías y su reciclaje, porque según los cálculos del Foro Económico Mundial, para acelerar la transición hacia una economía baja en carbono resultará necesario multiplicar por 19 la producción global de pilas y baterías.

Lluvia de ayudas

El Plan Europeo de Recuperación va a destinar un 30% de los 750.000 millones€ asignados a políticas climáticas; incentivos que requieren de una correcta gestión y justificación de los fondos.

El primer Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), destinado al desarrollo del Vehículo Eléctrico y Conectado contempla una previsión de inversión total en el periodo 2021-2023 de más de 24.000 millones. Por su parte, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) movilizará 2.000 millones para abordar la movilidad ‘cero emisiones’ y el despliegue masivo de electrolineras. Y, además, el MOVES III durará hasta 2023. Las ayudas para los particulares que adquieran un vehículo 100% eléctrico podrán llegar a una cantidad máxima de 9.000€ en el caso de furgonetas, 7.000€ para coches y 1.300€ para motos siempre que den de baja un vehículo de más de 7 años. Además, se prestará una atención especial tanto a los autónomos como taxistas y VTC al ser vehículos que realizan más kilómetros; y también a los residentes de zonas rurales de menos de 5.000 habitantes, tanto para la instalación de puntos de recarga como para la adquisición de vehículos eléctricos.

El mercado de vehículos eléctricos se sitúa en los 2,9 millones a nivel europeo. Y en torno a 150.000 unidades en España, lo que supone alrededor del 0,4% del parque móvil de nuestro país. El primer semestre de 2021 termina con 16.650 vehículos matriculados, lo que supone un 32,8% más que durante el mismo periodo de 2020 y un 41,9% frente al mismo periodo de 2019. Sin embargo, el objetivo marcado por la UE es alcanzar los 250.000 en dos años y los 5 millones en 2030. Por tanto, como afirma May López “actualmente no alcanzamos ni el 3% del objetivo que debemos cumplir en 10 años”.

La cuota total del mercado de turismos electrificados ha marcado récords tanto en Europa (34.2%) como en España (30%), gracias a los programas de ayudas, las nuevas tendencias, como el carsharing, o el renting.

En el primer semestre de 2021 se matricularon en España 1.234 furgonetas eléctricas puras (BEV), lo que supone un incremento del 17,4% frente al mismo periodo previo a la pandemia, pese a que las ayudas para este tipo de vehículos están contenidas en MOVES III deja fuera al colectivo de autónomos que trabaja por cuenta ajena, más del 80% de los profesionales del sector del transporte.

En cuanto a los camiones ‘cero emisiones’, en el primer semestre de 2021 se matricularon en España solo 9 unidades, muy lejos de los 8.000 que deberá tener en 2030 para cumplir los objetivos de la UE. La renovación de la flota en general se está produciendo con mayor lentitud de la esperada, con unas demoras de más de un año para la adquisición de un camión nuevo debido a la ralentización de la actividad de los fabricantes por la pandemia y el retraso en el suministro de algunos componentes electrónicos.

En cuanto a los autobuses, el informe indica que es el tipo de vehículo que ha tenido mayor crecimiento en el sector eléctrico, con un aumento del 72,9% con respecto a fechas prepandémicas. España no solo se ha situado como el tercer país de la UE con mayor cuota de mercado de autobuses de propulsión alternativa, con 2 de cada 5, sino que demuestra cómo el sector público ejerce un poder tractor a través de las contrataciones de servicios de movilidad.

Durante el primer semestre de 2021 se matricularon 2.672 ciclomotores eléctricos (+3,6%) y 2.979 motocicletas (+20,2%) con respecto al mismo periodo de 2019.

La crisis de semiconductores reducirá la producción de automóviles en todo el mundo en hasta 7,1 millones de vehículos en 2021.Por eso, el informe de OBS afirma que el sector debe prepararse para no depender de los proveedores asiáticos de baterías. May López opina que “es clave que, desde la fabricación de baterías y vehículos, hasta todo lo relacionado con la infraestructura de recarga y componentes del sector de la automoción, España desarrolle una industria propia y adapte la existente para poder mantener la actual posición como el segundo mayor fabricante de vehículos de Europa y noveno a nivel mundial”.

También es imprescindible acompañar el objetivo de llegar a los 5 millones de vehículos eléctricos rodando en las carreteras españolas en 2030, con el desarrollo de la infraestructura de recarga pública. Europa establece en 3,5 millones el número mínimo de estaciones de recarga pública activas en 2030, cifra que deberá triplicarse en la siguiente década hasta alcanzar los 11,4 millones, y los 16,3 millones en 2050. La UE tendría que mantener un crecimiento del 30% interanual para alcanzar este objetivo. El objetivo a nivel nacional se fija en 100.000 puntos de recarga para 2023 y entre 250.000 y 340.000 en 2030. Para lograrlo tendría que crecer un 40% interanual.

En 2025 se creará una infraestructura troncal interoperable dentro de la UE, que permitirá a los conductores de vehículos eléctricos recargar en cualquier estación sin necesidad de suscribirse a la plataforma de diferentes operadores. Sin embargo, May López avisa que “en España son puntuales, a día de hoy, las organizaciones que facilitan la interoperabilidad de la infraestructura de recarga, en contraposición con lo que ocurre en otros países europeos como Portugal”.

Una estación de recarga se amortiza cuando se producen unas 4 recargas diarias, considerando como promedio cargas de una duración de 30 minutos a 50 kW de potencia. La recarga en la red pública resulta ser la opción más cara frente a otros combustibles de automoción. Según May López, “todos los puntos de recarga de acceso público financiados en el marco de los planes directores deberían ser capaces de realizar una recarga inteligente, de modo que se posibilite una alimentación flexible, e incluso la posibilidad de carga bidireccional”.

El informe de OBS concluye que el 70% de los usuarios de automóviles en España están dispuestos a cambiar a formas de transporte más respetuosas con el medio ambiente para su movilidad diaria (frente al 59% de media europea) siempre y cuando esa alternativa sea igual de rápida o con un precio similar. Por tanto, es necesario hacer más asequibles en precio los modelos eléctricos, aumentar su autonomía, solucionar la falta de infraestructura de carga, facilitar el acceso a ayudas y poner en el mercado modelos para todos los segmentos.