El tribunal encargado del primer juicio por la macrocausa ‘Tándem’ sobre los muchos y variados negocios privados del ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo ha acordado este miércoles suspender las sesiones previstas para el 27 y el 28 de octubre, dando más tiempo a las partes para que puedan consultar las agendas personales del agente retirado, accediendo así parcialmente a lo que había solicitado su defensa.

En el arranque del juicio, el abogado de Villarejo, Antonio José García Cabrera, y otros letrados defensores han pedido suspenderlo alegando que de forma «extemporánea» se ha unido a la causa un informe policial que analiza las anotaciones que hay en esos cuadernos manuscritos sobre las piezas separadas ‘Iron’ y ‘Land’, que se ventilan en este juicio junto a la de ‘Pintor’.

García Cabrera ha pedido más tiempo no solo para tener acceso a ese informe elaborado por la Unidad de Asuntos Internos, sino también a las agendas originales, denunciando que el titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, solo les ha permitido consultarlas acudiendo físicamente a la sede judicial.

Se trata de «trece cuadernos con cientos de hojas» que no han podido ver con «el tiempo necesario», ha subrayado el letrado defensor, reprochando al juez instructor de ‘Tándem’ que no les haya dado un acceso más completo a pesar de que «son sus anotaciones íntimas, su memoria escrita», por lo que esa negativa supondría una especie de «lobotomía».

«Necesitamos saber el contenido completo de ese informe, no la selección que le interesa a la parte acusadora», ha dicho García Cabrera. Y, para ello, ha propuesto suspender el juicio y retomarlo en diciembre, aprovechando las sesiones ya señaladas para ese mes.

Sin embargo, el tribunal presidido por Ángela Murillo solo ha acordado suspender las sesiones del 27 y el 28 de octubre, porque a uno de los abogados defensores se le juntaban con el juicio en Reino Unido al cofundador de Wikileaks Julian Assange, manteniendo las de este miércoles y jueves, tras lo cual el juicio proseguirá el 15 de noviembre, tiempo suficiente –ha considerado la magistrada– para que las defensas puedan hacer las consultas que consideren oportunas.

En el banquillo de los acusados

Sentado en la primera fila del banquillo de los acusados, junto al comisario Enrique García Castaño y su socio, Rafael Redondo, Villarejo sigue esta sesión inaugural en silencio. A pesar de su estatus de abogado codefensor, parece haber optado por dejar en manos de García Cabrera la exposición de las cuestiones previas. Eso sí, ha lucido la toga de letrado.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Villarejo pretende ejercer su rol de abogado codefensor a lo largo del juicio, que se desarrollará en una veintena de sesiones que se prolongarán hasta principios de 2022, de acuerdo con el calendario inicial, que podría variar. De ser así, podrá intervenir en los interrogatorios a otros acusados y a testigos.

En declaraciones a la prensa a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, Villarejo, ataviado con su ya habitual gorrilla, gafas de sol y carpeta en mano, ha reivindicado su inocencia descartando un eventual acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, al tiempo que ha confiado en que tendrá un juicio justo, a pesar de las «presiones» que, según le «consta», habrían recibido jueces y fiscales. «Somos inocentes», ha afirmado.

Más de cien años de cárcel

Este primer juicio de ‘Tándem’ llega casi cuatro años después de que el comisario Villarejo fuera detenido por una causa que ha ido engordando hasta configurar un puzzle de más de una treintena de piezas separadas referidas a los numerosos y diversos encargos que recibió a través de CENYT, su grupo empresarial, radicado en la Torre Picasso de Madrid.

De acuerdo con las pesquisas dirigidas por el Juzgado Central de Instrucción Número, el denominador común de las piezas separadas, más allá de quién le contratara –desde grandes empresas del IBEX 35 a particulares– y para qué, es que Villarejo habría asumido estos trabajos siendo comisario en activo y se habría valido de los recursos policiales a su alcance para cumplir con sus clientes.

La Fiscalía Anticorrupción reclama para Villarejo una pena de prisión de 109 años de cárcel, multas que superarían los 950.000 euros –a las que habría que sumar las indemnizaciones de las que respondería solidariamente junto a las otras personas que resultaran condenadas–, así como inhabilitaciones para ejercer cargo y empleo público y para el sufragio pasivo.

Villarejo comparece como principal imputado, si bien este juicio congregará a más de 30 acusados entre los que destacan su mujer, Gema Alcalá, para quien la Fiscalía pide 86 años de cárcel, así como Redondo y el comisario García Castaño, que se enfrentan a penas de 102 y 87 años de prisión, respectivamente. No obstante, algunos acusados han llegado a acuerdos de conformidad con la Fiscalía.