Jornada parlamentaria intensa la del miércoles, 13 de octubre. Veinticuatro horas después del tradicional abucheo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes y después del desfile militar de la Fiesta Nacional –grupúsculos del estrato conservador siempre ejercitan su laringe contra los mandatarios socialdemócratas–, el Ejecutivo depositó en el Congreso los Presupuestos del Estado para 2022, respondió a las preguntas de la oposición y aceptó la oferta del presidente del PP, Pablo Casado, de negociar la renovación de todos los órganos constitucionales, menos el Consejo del Poder Judicial. Quiere decirse que los miembros del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas del Reino, que llevan casi dos años con el mandato prorrogado, y el Defensor del Pueblo, que desvive en la misma situación, son perfectamente sustituibles, pero la cúpula del Poder Judicial, ese que rizó el rizo llegando en su día a ponerse en huelga contra el Gobierno socialista, debe continuar tal como fue elegido en su día, con mayoría del PP. Con todo el respeto a la “independencia” de los jueces, sería lógico atribuir la cerrazón de la derecha a la ristra de casos de corrupción de los gobernantes del PP, aún pendientes de sentencia.

En materia judicial hemos visto de todo, desde el juicio y la expulsión del juez Baltasar Garzón por el ‘caso Gurtel’ hasta las presiones al magistrado Pedreira, que en paz descanse, para excluir al famoso Bárcenas y a su esposa de responsabilidad de la trama de financiación ilegal del partido y de enriquecimiento personal de no pocos prebostes. También hemos visto cómo corruptores inmobiliarios y para obtener contratas como los valencianos Ortiz en el ‘caso Brugal’ se han ido de rositas por el módico precio de dos millones de euros después de haber obtenido más de mil en recalificaciones de suelo en Alicante y Campello. La última vista edificante ha sido el carpetazo de su señoría judicial al caso del cuadro de Francisco de Goya y Lucientes que el marido de Esperanza Aguirre, demandado por su hermano, vendió a Villar Mir por cinco millones de euros. Se entenderá que los herederos del PP quieran mantener una posición propicia en la balanza judicial y busquen argumentos de mal pagador para justificarla. El presidente Sánchez reprochó al líder del PP su “visión ventajista” y le pidió que acepte también la renovación de los vocales del CGPJ. Poco después, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, telefoneó al número dos de Casado, Teodoro García Egea, para reunirse “hoy mismo” y abordar la materia, “pero todos los órganos constitucionales”, precisó.

Más allá de ese juego del ratón y el gato que ya aburre al santo Job, fue muy significativa la advertencia del portavoz del PNV, Aitor Esteban, al presidente del Gobierno sobre el riesgo de que las eléctricas carguen la mano sobre las empresas industriales con las que tienen convenios de suministro en el mercado libre o no regulado y las obliguen, como ya está ocurriendo, a parar la producción. Esto significaría una crisis energético-industrial muy perjudicial para el País Vasco y colocaría en una situación complicada al Ejecutivo. Esteban pidió a Sánchez que reconsidere el decreto que limita los beneficios de las eléctricas en el mercado regulado (once millones de usuarios). Sánchez le recordó que el Gobierno ha reducido y suprimido impuestos a la energía eléctrica para contener las subidas, con una mengua muy significativa de los ingresos del Estado. A la misma hora, el presidente recibía respuesta a sus propuestas a la Comisión Europea. Sobre la modificación del sistema tarifario, la Comisión dice que “ se estudiará a medio plazo” y sobre la especulación con los derechos de emisión de CO2 contesta que podrá en marcha la consiguiente inspección. Mientras tanto, firmeza y negociación.