El proyecto de ley para recortar los ‘beneficios caídos del cielo’ a las eléctricas por los derechos de CO2 de la retribución de centrales que no asumen estos costes, principalmente hidroeléctricas y nucleares, ha superado en el Congreso su primer examen, el debate de totalidad.

Así, el PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Ciudadanos, el PNV, EH-Bildu, Junts, la CUP, Más País-Equo, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe, el BNG y el PRC han rechazado la propuesta alternativa del PP, apoyada por Vox, UPN y Foro Asturias.

Sobre el proyecto de ley, remitido por el Gobierno el pasado agosto para acabar de forma permanente con la sobrerretribución que reciben centrales que, pese a no tener que asumir el coste de los derechos de emisión de CO2, se benefician de unos ingresos cuando el precio de la electricidad se encarece por los mismos, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, recuerda que una medida similar ya se aplicó entre 2006 y 2009.

Pese a ser recurrida judicialmente, fue avalada primero por la Justicia europea y después el Tribunal Supremo. Los dos tribunales reconocían «ganancias inmerecidas» en la medida en que se internalizan valores de los derechos de emisión y los repercute en el precio de la electricidad cuando, en realidad, son costes que no asume.

Ribera precisa que la norma incorpora dos propuestas del Consejo de Estado: un precio mínimo de 20,7€ por tonelada, coincidente con la cotización media de estos derechos, y adelanta a 2003 el momento a partir del cual las plantas quedan excluidas del recorte, pues entonces es cuando se publicó ese régimen de comercio.

Diego Gago, del PP, cree que el Gobierno «interviene donde no puede o no debe», «generando potenciales distorsiones», en vez fr «una negociación sincera» con las eléctricas para alcanzar «un marco de retribución estable a medio y largo plazo».

Sin embargo, varios grupos, y la propia Teresa Ribera, recordaron que el PP ya presentó una enmienda a una iniciativa legislativa «solicitando un mecanismo» para la «limitación de la sobrerretribución de tecnologías no emisoras de CO2».

Junto al PP, Vox también había registrado una enmienda a la totalidad del proyecto, que la retiró a los seis días. Su diputado José María Figaredo cree que la norma supone «meter la mano en el bolsillo» a las centrales eléctricas más eficientes.

Decreto ley de recorte temporal de beneficios por el encarecimiento del gas

El debate y la votación ha coincidido en el Pleno con la convalidación del decreto ley que recorta de forma temporal, hasta el 31 de marzo, parte de los beneficios de las eléctricas por el encarecimiento del gas cuando no asumen ese coste, aprobado el pasado septiembre, y que el Gobierno ha sacado también adelante.

Además del PSOE y Unidas Podemos, fuerzas que integran el Gobierno de coalición y que suman 155 votos, han apoyado el decreto ley Esquerra Republicana (13), EH-Bildu (5), la CUP (2), Más País-Equo (2), el BNG (1), Compromís (1) Teruel Existe (1) y el PRC (1) y Nueva Canarias (1).

Un total de 182 diputados, por encima de la mayoría absoluta, frente al rechazo de los 152 diputados del PP (88 diputados), Vox (52), Ciudadanos (9), UPN (2) y Foro Asturias (1). El PNV (6) y Junts (4) y el PDeCAT (4) se han abstenido.

Ribera recalca el carácter temporal de la mayoría de medidas incluidas (el recorte a la sobrerretribución es hasta el 31 de marzo) y que trabaja para no aplicarlo a «quienes garanticen ‘exnovo’ precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas», con el fin de «impulsar la cobertura de precios razonables para la industria».

Ya negocia con la industria y con las eléctricas las condiciones de suministro a las plantas para favorecer contratos a medio y largo plazo a precios estables, anteriores a la actual escalada de precios.

El encarecimiento del gas en los mercados internacionales «no puede traducirse en un incremento de toda la electricidad, sobre todo cuando los costes reales de generación no se corresponden con el incremento de precios medios del sistema».

El PP, mediante su diputado Guillermo Mariscal, ha acusado a Ribera de propiciar lasituación al no acometer inversiones necesarias en el suministro de gas, acabar con el carbón y plantear además un cierre acelerado de la energía nuclear. «¿Cuándo aprenderán que cuando aplican un impuesto se traslada al consumidor?», se ha preguntado.

Esquerra Republicana recuerda al Gobierno que aún tiene pendiente una «reforma integral, valiente» del mercado eléctrico, a la que obliga la nueva Ley de Cambio Climático.

Por parte de Unidas Podemos ha intervenido su portavoz, Pablo Echenique, para agradecer a Ribera un decreto «valiente» y pedirle «que no ceda a las presiones». Y recuerda cómo a un Consejo de Ministros con Adolfo Suárez llegó un plan energético con el membrete de la propia patronal eléctrica.

El PNV avisa que el decreto «si no se modula o se corrige», acabará consiguiendo «el efecto contrario» al perseguido. «No se trata de ceder, sino de modular para no perjudicar al precio fijo», ha dicho su portavoz económica, Idoia Sagastizabal, en referencia a los contratos bilaterales de la industria a precios estables y de larga duración.