En una intervención muy centrada en intentar desmantelar lo que su partido llama el ‘duopolio’ político formado por el PSOE y el PP, la candidata número uno por Madrid ha reiterado sus viejas reivindicaciones señalando la necesidad de que se recupere la participación política de los ciudadanos como forma de evitar que se siga consolidando el bipartidismo y que los partidos nacionalistas dejen de ser tan esenciales para garantizar la gobernación de la sociedad.

UPyD pide una reforma de la ley electoral de forma que en el Congreso haya 400 diputados frente a los 350 actuales y que doscientos de ellos se elijan por circunscripción única, lo que en su opinión favorecería a las terceras fuerzas no nacionalistas como ellos, al tiempo que pide que haya una agrupación de ayuntamientos y la desaparición de las diputaciones provinciales, lo que supondría un ahorro de 14.000 millones de euros.

Adicionalmente, la candidata de UPyD señaló que si las comunidades autónomas gestionaran sus recursos como lo hacen las tres más eficientes, el ahorro global podría suponer 26.000 millones de euros más.

Díez ha reiterado que al haber “17 sistemas educativos y otros tantos sistemas sanitarios” es imposible que se cumpla el derecho constitucional a recibir en condiciones de igualdad una educación y una sanidad de calidad y por ello aboga porque el Estado recupere estas competencias junto a las de infraestructuras y medio ambiente.

En el terreno de la justicia la candidata es partidario de ‘despolitizarla’ y para ello aboga porque sean los jueces quienes elijan a sus representantes en los órganos de gobierno y del Tribunal Constitucional. Así mismo que Fiscal general sea independiente del Gobierno.

En esta misma línea, Díez, pidió la reforma de la Constitución para terminar con el concierto vasco y el régimen foral navarro ya que, en su opinión, estos dos han roto la cohesión interna en España y “son incompatibles con una economía globalizada” como la española.

En el terreno de la legislación laboral, UPyD, se decanta por un único tipo de contrato indefinido que generaría un derecho a percibir una indemnización creciente en función del número de años de duración que tuviera  y que los contratos temporales sean “para tareas temporales” y los de formación tengan una duración determinada.

Rosa Díez considera urgente limitar por ley el techo de endeudamiento en que puedan incurrir las comunidades autónomas, ya que estas son las mayores responsables del gasto público.