Vodafone ha aceptado que los trabajadores de sus tiendas afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) puedan optar entre la indemnización y el pase a un distribuidor. Esto supone trabajar en una tienda externalizada de Vodafone, que cierra muchos de sus establecimientos propios.

Los sindicatos,  que avisan que esa subrogación se ofrecerá sin garantía de empleo, consideran que «es una buena noticia para los compañeros que ven alejarse un despido posterior en unas condiciones inferiores y fuera del foco mediático».

En septiembre, Vodafone anunció la puesta en marcha de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en España que afectaría a un máximo de 515 empleados. Los despidos se focalizan principalmente en las áreas comerciales.

En la última reunión entre sindicatos y empresa, Vodafone rebajó el número de afectados por el ERE a 467 empleados, 42 personas menos. De estas 42 personas, 32 ocuparán vacantes del plan social y diez, bajas voluntarias o movimientos entre departamentos que ya han tenido lugar.

Vodafone se abrió a estudiar la posibilidad de cambiar el cierre de las 34 tiendas propias por una externalización del servicio, en el que están empleados 237 trabajadores, que pasarían a la cadena de distribución.

Además, la compañía se comprometió a realizar un segundo estudio para aquellas posiciones en las que sea necesaria una formación más compleja a la hora de plantear recolocaciones.

Los sindicatos ven «claramente insuficiente» la reducción en el número de afectados por el ERE, y reclaman la firma de una garantía de empleo de dos años, 58 días por año trabajado con tope de 42 mensualidades más una suma de 6.000€ para quienes cobren menos de 35.000€ al año; que las prejubilaciones se produzcan desde los 53 años con rentas hasta los 63 años y hasta los 65 años en caso de que los que se adhieran tengan más de 60 años.

Para adherirse, los trabajadores deberán tener siete años o más de antigüedad y cobrarían una indemnización del 85% del fijo y un 50% del variable teórico.

Además, quieren que prime la voluntariedad y que no se veten perfiles, así como que el máximo de vacantes posibles no estén sujetos a adscripción territorial. Y proteger colectivos vulnerables como personas con una discapacidad superior al 65%, o que tengan una pareja o descendientes con la misma, víctimas de violencia machista, así como mantener la proporcionalidad en casos de maternidad, paternidad o reducción de jornada.