La decisión de la Mesa del Congreso de permitir que el diputado de Podemos Alberto Rodríguez conserve su acta pese a la condena que le impuso la Sala Segunda del Tribunal Supremo, supone una «reinterpretación» de una sentencia, según los jueces, que se declaran «atónitos y perplejos».

PSOE y Unidas Podemos votaron en la Mesa del Congreso a favor de que Alberto Rodríguez conserve su escaño, amparándose en el informe redactado por los letrados y argumentando que la sentencia no afecta a su condición de diputado.

El Supremo condenó el 7 de octubre a Alberto Rodríguez a la pena de prisión de un mes y quince días como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Según queda reflejado en la sentencia, esa condena conllevaba la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, que no puede ser elegido para cargo público durante ésta, por lo que debía producirse la pérdida del escaño en el Congreso de los Diputados por ilegibilidad sobrevenida.

En esa resolución, los magistrados apuntaban que la pena de prisión se sustituía por la pena de multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros (en total, 540 euros) y daban traslado de la sentencia a la Junta Electoral Central «a los efectos oportunos».

Alberto Rodríguez, que en un primer momento reaccionó adelantando que iba a ir al Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, abonó la multa y Podemos dio por cumplida la condena.Posteriormente, el informe de los servicios jurídicos del Congreso consideraba que el diputado puede permanecer en su escaño pese a la sentencia del Supremo precisamente por esa sustitución de la pena de cárcel por una multan

Pero en el Supremo califican de llamativo que se someta a votación el cumplimiento de una sentencia. Consideran que se ha realizado una «reinterpretación» de la voluntad de la Sala y lamentan que la decisión de la Mesa del Congreso haya supuesto una suerte de recurso de apelación al Tribunal.