Las formaciones del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, han alcanzado un acuerdo en el Congreso con EH-Bildu para la prórroga de las medidas de vivienda y suministros básicos del ‘escudo social’ «hasta que se arbitren otros mecanismos de carácter permanente».

El acuerdo nace de una proposición no de ley defendida por Bildu en el Congreso que llama al Gobierno a hacer permanente las medidas relativas a la prohibición de desahucios y lanzamientos de viviendas sin alternativa habitacional, y de cortes de suministros de energía y agua, y también la posibilidad de aplazar temporalmente el pago de la renta del alquiler.

Finalmente, la enmienda transaccional acordada insta al Gobierno a prorrogar estas medidas «mientras sea necesario por el mantenimiento de las circunstancias que motivaron su adopción y hasta que se arbitren otros mecanismos de carácter permanente».

Durante su defensa de la iniciativa, el portavoz económico de EH-Bildu, Oskar Matute, ha señalado que España acabó 2020 con una tasa de pobreza del 21%, pero que desde 1995 esta tasa nunca ha bajado del 18%, incluso en los años más boyantes de crecimiento.

Esto significa que un mayor crecimiento «no acarrea más bienestar», que son necesarias medidas de protección permanentes y que el sistema de protección es «incompleto e insuficiente». La pandemia genera «una sociedad más desigual»: «El ascensor social, si existe, es solo para bajar».

Sonia Guerra, del PSOE, ha subrayado el compromiso del Gobierno para garantizar la protección a los hogares vulnerables, y ha defendido que los Presupuestos ya contemplan un suministro mínimo vital, el fomento del bono social.

Por parte de Unidas Podemos, Pilar Garrido admite la insuficiencia del ‘escudo social’, reivindica la necesidad de prorrogar sus medidas «mientras sea necesario» y avanzar en la garantía de derechos y su permanencia, a través de la futura Ley de Vivienda.

A favor de esta medida se han posicionado Esquerra Republicana y el BNG, mientras que PNV ha recordado su abstención al prorrogar estas medidas, por entender que vulneran la competencia autonómica en protección social y su diputado Iñigo Barandiaran ha acusado a Bildu de cuestionar esta capacidad e intentar «revertir» la misma por parte del País Vasco.

Genís Boadella, del PDeCAT, ha apostado, más que por medidas de protección, por «generar riqueza» que acaben con esas situaciones, al considerar que hay grupos que necesitan la existencia de pobreza.

Sara Giménez (Ciudadanos) ha censurado la aplicación de «medidas puntuales para solucionar problemas estructurales», criticando que «el asistencianismo» no rompe estas causas y demandando planes específicos a la hora de diseñar políticas de empleo o vivienda.

El PP, Vox y UPN, han concentrado la mayor parte de sus intervenciones para hablar de ETA, y asociar a EH-Bildu a la banda terrorista que hace diez años anunció el abandono de las armas.

Por la mañana, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anunciaba que el Gobierno tratará en el Consejo de Ministros de la próxima semana aprobaría la prórroga del escudo social en materia de vivienda, que expira el 31 de octubre.