El parón de la producción de empresas industriales para las que los costes eléctricos  son clave para ser competitivos es otro relevante tema al que se enfrenta el Gobierno en esta crisis energética. Siderúrgicas, químicas o papeleras forman parte de ese colectivo, la llamada industria electrointensiva, que reclama medidas que reduzcan su factura energética para evitar que las paradas anunciadas se conviertan en problemas menos irreversibles.

Las compañías afectadas, entre ellas Sidenor, Arcelor o Fertiberia, negocian con las eléctricas acuerdos que permitan aumentar las ofertas que supongan el suministro a plazo. Y lo que consideran esencial. a precios que les permita contar con condiciones similares a los de sus competidores, borrando el alto riesgo deslocalizaciones.

La ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, ha manifestado este miércoles en el parlamento que no hay cobertura suficiente para estas compañías, y que el Ejecutivo intenta reducir los costes que sufren estas empresas con mecanismos de avales y del Fondo Español de Reserva de Garantía para que se suscriban contratos de compraventa de energía a medio y largo plazo.

La situación es la siguiente: las industrias electrointensivas no tienen cobertura para el conjunto de esos costes fijos, en realidad solo para una parte que puede ser mínima de sus consumos. Significa que es la que cubren con contratos a medio y largo plazo, a precio fijo. El resto de la electricidad que necesitan la logran acudiendo al mercado mayorista cada día. Estas circunstancias son diferentes a las que tienen otras empresas europeas de los mismos sectores, que tienen contratos de precio fijo a largo plazo con una cobertura más amplia.

El Gobierno ya aprobó el pasado año el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI), para la cobertura por cuenta del Estado de los riesgos derivados de operaciones de compraventa a medio y largo plazo del suministro de energía eléctrica (PPA) entre consumidores de energía eléctrica que tengan la condición de consumidores electrointensivos. Se creó con una dotación de 200 millones de euros anuales, 600 millones en tres años.

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