La Comisión Europea ha acusado formalmente a Telefónica y a Portugal Telecom de haber participado en un acuerdo ilegal para no competir en el mercado ibérico de telecomunicaciones, que se tradujo en precios más altos y menos opciones para los consumidores.

El pacto en cuestión se cerró en julio de 2010, como parte de la adquisición por Telefónica del control exclusivo del operador brasileño de telefonía móvil Vivo, hasta ese momento propiedad conjunta de ambas partes. Estaba previsto que se aplicara hasta finales de 2011, pero ambas compañías lo anularon el pasado febrero cuando Bruselas inició una investigación.

El acuerdo, según el análisis preliminar de la Comisión, vulnera las normas de la UE que prohíben las prácticas comerciales restrictivas. De confirmarse la infracción, el Ejecutivo comunitario impondrá a las dos compañías fuertes multas.

Las acusaciones están contenidas en un pliego de cargos enviado a las compañías, que en todo caso «no prejuzga el resultado final de la investigación». Sin embargo, la Comisión precisa que el hecho de que el pacto haya sido cancelado «no invalida la existencia del acuerdo», según Bruselas.

Las cláusulas restrictivas de la competencia constituyen una de las más graves infracciones contra la competencia, ha advertido el Ejecutivo comunitario. El pliego de cargos solo abarca la cooperación entre las dos empresas después de la transacción referente a Vivo.

Las empresas disponen de dos meses para contestar y también tienen derecho a acceder al expediente y a solicitar una audiencia, entre otros derechos procedimentales.