La pendencia entre las dos vicepresidentas a propósito del alcance y profundidad de la contrarreforma laboral nos ha aportado ocasiones impagables de reír y llorar. El armisticio parece que queda para una reunión a tres en la Moncloa el próximo martes, en la que el presidente del Gobierno va a encarnar el ridículo rol de mediador entre la señora Calviño y la señora Díaz. La componenda, estrictamente de táctica política, consiste en que el Ministerio de Trabajo (colonia UP) llevará la batuta y asistirán como oyentes algún que otro representante socialista del Gobierno. Dicho sin ambages, el aliado débil del Gobierno consigue un banderín de enganche electoral frente al aliado fuerte (es un decir) del mismo Gobierno.

Con el atroz desempleo estructural que padece España, aquí lo que se dirime, una vez más, es quién se apunta un tanto electoral por hacer la heroicidad de cambiar una ley a la que se atribuyen maldades que ya estaban en leyes muy anteriores. Y por ello, desde ambas partes del Gobierno se habla de acabar con la temporalidad y la precariedad laborales, se interpreten como se interpreten estos conceptos, como si hubieran sido un invento de la señora Báñez.

La táctica de la señora Díaz es bastante primaria y burda, tanto para imponer sus criterios como para debilitar a sus aliados. Su ambición sin límites, sobrealimentada por las encuestas, va por encima de la contundente realidad de que los empleos, si se crean, los deben crear las empresas. Y las anomalías de fondo no van a variar por retocar la Ley de 2012, sino por un cambio radical que ni éste ni cualquier otro Gobierno está dispuesto a afrontar.

Voy a volver al libro amarillo del Proyecto de Ley de  Presupuestos Generales del Estado 2022. Y lo hago para resaltar uno de los porqués profundos de nuestra incapacidad de crear empleo. El capítulo de Ingresos Consolidados no Financieros del Estado, atribuye a Cotizaciones Sociales el 46,6 por ciento de los ingresos, esto es, 168.142 millones de euros, frente al  37,1 por ciento que corresponden a Impuestos (133.781 millones de euros) y el 16,3 por ciento a Resto de Ingresos (59.087 millones de euros).

Quieren estas cifras decir que tenemos un Estado incapaz de gestionar adecuadamente la prolija y enmarañada red de impuestos y tira por lo más  facilón, que es elevar la recaudación por cotizaciones sociales que son, a todas luces, un impuesto al trabajo, tengan los rendimientos que tengan las empresas y los propios trabajadores. De esta perversión los sindicatos menguantes no quieren saber nada, faltaría más. No afecta a su bien dotado parasitismo presupuestario y a su inflada representación institucional.

La vuelta a la situación normativa anterior a la Reforma Laboral de 2012 será un enorme retroceso, y no porque Rajoy diera un gran impulso a la modernización de la legislación laboral, no. La modernización real, decisiva,  consistiría en redactar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que contemple la complejidad de las relaciones laborales para los próximos cuarenta años y cambiar la estructura presupuestaria, dando a los impuestos el protagonismo que se requiere y reduciendo drásticamente las penalizaciones a la creación de empleo, llamadas eufemísticamente, cuotas sociales.