“Sorpresa, indignación y frustración”, así nos sentimos en ASUFIN, en palabras de Patricia Suárez, su presidenta, al comprobar “que nuestros tribunales comenten una y otra vez el mismo error: ya tuvimos una sentencia de cláusulas suelo fallada por el Tribunal Supremo que en aras de preservar la estabilidad económica introdujo una inadmisible no retroactividad”. “Tuvieron que venir desde Europa a decirnos todo lo contrario”, añade Suárez.

Una vez más, y en este caso, protegiendo las arcas municipales, eso sí, a costa del legítimo derecho del contribuyente a su justa reparación, el Constitucional dicta una sentencia inadmisible. Por una parte, deja claro que no se pueden reclamar las resoluciones en los tribunales que hayan sido firmes, cuestión que no rebatimos, porque es cosa juzgada. Pero lo extiende de manera injustificada a resoluciones administrativas considerándolas consolidadas, liquidaciones, provisionales o definitivas, que no hayan sido impugnadas a la fecha de la sentencia y a autoliquidaciones, cuya rectificación no haya sido solicitada a la fecha.

El objetivo es claro: evitar la avalancha de reclamaciones justas de personas que han pagado una plusvalía siguiendo una metodología de cálculo errónea que no sabían que era reclamable y que ahora el Tribunal Constitucional pretende cerrarles todas las puertas. “Es inadmisible y lucharemos y pelearemos donde haya que hacerlo. Un administrado que no conoce sus posibilidades de reclamación no se le puede vetarle ese derecho a posteriori en aras a salvar un sistema económico”, sentencia Suárez.