Nadie está de acuerdo, excepto el ministro de la Seguridada Social, José Luis Escrivá, y el equipo socialista del Gobierno presidido por Pedro Sánchez. La subida de las cotizaciones como solución a salvar la suficiencia financiera de la Seguridad Social cuando se jubilen los nacidos en el ‘baby boom’ (finales de la década de los años 50 hasta mediados de los 70 del siglo pasado) no ha gustado. Desde PP y Vox hasta Más Madrid pasando por CEOE y las asociaciones de autónomos no creen que ésa sea la solución para solucionar el problema que la Seguridad Social lleva décadas arrastrando.
Las explicicaciones de Escrivá un día después de lanzar la propuesta parecen convencer. El ministro de la Seguridad Social han intentado aclarar que subir las cotizaciones temporalmente no supone «recortar ningúna pensión en ningún momento» y sólo se trata de una «válvula de seguridad y da holgura al sistema para reforzar su sostenibilidad».
El ministro ha evitado profundizar en su propuesta hasta que las negociaciones con los agentes sociales finalicen y ha insistido en que su propuesta es un «mecanismo contingente y temporal» para generar un colocón a partir de un fondo ya existente, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Y la propuesta se basa en elevar medio punto las cotizaciones durante 10 años. Ese dinero se utilizará sólo cuando el gasto en pensiones se desvíe de lo previsto coincidiendo con la jubilación de los ‘baby boomers’. Y si no se utiliza podría emplearse en rebajar cotizaciones o aumentar pensiones.
Esta medida iría incluida en el denominado mecanismo de equidad intergeneracional con el que se sustituirá el factor de sostenibilidad, creado por el PP y que supuso un recorte de las pensiones, según ha recordado Escrivá. En todo caso, y pese a las críticas recibidas, el ministro no está de acuerdo con los que aseguran que la subida de las cotizaciones podría suponer una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, aunque las explicaciones no llegarán hasta que «lo tengamos cerrado con los agentes sociales».
De momento, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, considera «interesante» la propuesta, aunque está abierta a la negociación y «no es la propuesta final, ni remotamente».
En su opinión, se deben despejar algunas incertidumbres de la propuesta como que la misma se plantea a partir de un umbral de gasto futuro de pensiones no definido, del que se hablará a partir de 2024. «Y lo que no vemos es que se pueda poner sobre la mesa algún ajuste de gasto en pensiones».
La medida fue presentada a los agentes sociales en la mesa de negociación abierta para lograr la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Dicha propuesta consiste en una subida temporal de las cotizaciones del 0,5% (el equivalente a entre 4 y 5 euros para un trabajador mileurista) para engordar la llamada ‘hucha de las pensiones’, que actuaría como colchón en caso de que el gasto en pensiones se desviara de lo previsto por la jubilación de los ‘baby boomers’ a partir de 2030. Si el gasto no se desviara, el importe de lo acumulado en la ‘hucha’ se devolvería mediante una rebaja de cotizaciones o una subida de las pensiones.
Se recorta poder adquisitivo
Ante la falta de argumentos más detallados, ni el propio socio del Gobierno parece estar de acuerdo. La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Sofía Castañón, ha avisado de que cualquier subida de las cotizaciones orientada a recuperar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social no puede ser a costa del poder adquisitivo de los trabajadores.
Desde luego, el anuncio de Escrivá a pillado desprevenidos a los representantes de Podemos, ya que Castañón ha reconocido no conocer la propuesta y ha optado por lanzar balones fuera afirmando que para mejorar la situación de autónomos y pymes «se debería estar hablando» de subir salarios.
Castañón recordó que fue el PP el que dejó vacía la ‘hucha de las pensiones’, olvidándose que fue a costa del esfuerzo, salud y poder adquisitivo de los trabajadores.
Tampoco al líder de Más País, Íñigo Errejón, le ha gustado la propuesta de Escrivá. No descarta que se trate de «otro globo sonda» del ministro de la Seguridad Social y considera que esta última propuesta supondría «cargar sobre la generación de condiciones más precarias» la sostenibilidad del sistema.
En opinión de Errejón, el problema del sistema público de pensiones que que «trabajadores pobres no pueden pagar las pensiones de los mayores», por lo que pide al Gobierno que asegure unas condiciones de trabajo dignas para las generaciones que están hoy trabajando.
Subirá el coste laboral de las empresas
Una de las primeras críticas llegó desde la banda de los ‘populares’. La vicesecretaria de sectorial del PP, Elvira Rodríguez, considera que una subida de las cotizaciones va a incrementar el coste laboral de las empresas y es una medida que va contra la creación de empleo.
El PP cree que la única forma de financiar las pensiones es que se cree más empleo ya que son los puestos de trabajo los que elevan los ingresos de la Seguridad Social. Por tanto, la solución para Elvira es adoptar medidas que creen empleo y no poner una «carrera de obstáculos» a las empresas, que bastante tienen con la subida del precio de la electricidad y de las materias primas y la crisis de suministros.
De momento, la vicesecretaria sectorial del PP pone el énfasis en que los datos que se están conociendo apuntan a que el crecimiento se está frenando, algo que en su opinión no parece importarle al Gobierno que opta por «adaptarse y no crear empleo» y «no trabajar por el lado de la oferta que es la que puede generar actividad y puestos de trabajo».
También el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha rechazado de plano la propuesta. A su juicio, lo que se necesita es una rebaja de cotizaciones para facilitar la creación de empleo y así mejorar los ingresos del sistema público de pensiones, y no subirlas. De esta forma se crearían más puestos de trabajo, porque para crear empleo hay que «abaratarlo y no encarecerlo».
Un impuesto al empleo
En la misma línea se muestra el presidente de la Confederación de Empresarios de Madrid (CEIM) y vicepresidente de CEOE, Miguel Garrido, quien califica de «disparate» subir las cotizaciones para rellenar la hucha de las pensiones. Garrido ha pedido «responsabilidad» al Gobierno y no lanzar anuncios sin tener en cuenta su coste.
Desde CEIM se considera la subida de las cotizaciones como un «impuesto al empleo» y se enfatiza que se va en contra del sostenimiento del tejido empresarial y de dar un impulso a la actividad económica. Garrido simplifica la solución del Gobierno asegurando que opta por «recaudar para pagar servicios públicos», al tiempo que se utilizan estas medidas para responder a compromisos electorales o criterios ideológicos sin tener en cuenta que se eleva la presión fiscal.
También Cepyme se suma al rechazo de la subida de las cotizaciones. La patronal de las pequeñas y medianas empresas asegurá que la medida «lastrará aún más» la competitividad de las empresas y el empleo.
En concreto explica que «no sólo repercutirá en la recuperación y en la creación de empleo, aportando más incertidumbre, sino que supondrá mayores costes para las empresas, lastrando su capacidad de competir en un mercado globalizado como el actual. Además, esta subida de cotizaciones se suma a la subida de impuestos incluida en los Presupuestos Generales y la modificación de la normativa laboral», subraya la organización empresarial en un comunicado.
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