La Cambra Oficial de Contratistes de Cataluña –cuyo sector roza los doscientos mil parados- ha presentado un plan para impulsar la inversión pública en los Presupuestos tanto generales como los de la Generalitat. Concretamente la propuesta es ”liberar un diez por ciento del consumo público, como resultado de la mejora de la eficiencia de la gestión, para que pueda ser destinado exclusivamente a inversiones públicas con impacto en la productividad de las empresas”.

Según sus análisis, este año el consumo público respecto al PIB será de un 20,3% en España y un 16,2% en Catalunya, o sea unos 220.000 millones en España y 34.000 en Catalunya. Los contratistas afirman que si mediante la mejora de la gestión se redujera el consumo público un diez por ciento, se liberarían  casi 22.000 millones en España y 34.000 en Catalunya, que “deberían destinarse a un programa de inversión pública concertada entre las dos administraciones”.

De tomarse en consideración este plan estiman que comportaría una importante generación de actividad económica, estimando que se crearían 450.000 puestos de trabajo en toda España, de los cuales 70.000 serían en Cataluña. Valoran que si las administraciones desoyen las propuestas del sector la consecuencia sería profundizar la recesión en la construcción, nuevos cierres de empresas y el correspondiente efecto en la economía del país.

Recuerda la Cambra que hasta ahora las medidas de reducción del gasto se han centrado en la inversión pública . Pone como ejemplo que la licitación oficial de obras en Cataluña ha pasado de 3.572 millones en los nueve primeros meses del pasado año a 1.047 en este mismo periodo del año actual, lo que implica una disminución del 71%. Además denuncian que han suspendido la adjudicación de obras licitadas el pasado año ni se han firmado contratos de obras ya adjudicadas a las empresas, así como se han suspendido o ralentizado las obras en curso.  “Ningún otro sector social o económico ha sufrido un recorte de magnitud superior como la inversión pública”, se lamentan. Ello ha provocado que en el ramo de la construcción una pérdida de 183.368 puestos de trabajo en España, y de un millón desde que empezó la crisis en el año 2007. Aseguran que las empresas de obra pública han aplicado una profunda reestructuración, pero si los recortes continúan se verán “forzadas a la reducción del núcleo duro de las empresas constructoras, con el consiguiente deterioro del tejido empresarial del sector”.

Valoran que “la recuperación económica y de la ocupación no debe basarse únicamente en la construcción, pero no se conseguirá si se prescinde de la construcción”.