La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ultima la elaboración de un nuevo decreto que comparte objetivos con uno anterior: reducir el impacto de los precios astronómicos del gas y de los derechos de emisiones de CO2 en el precio de la electricidad que pagan los consumidores. El decreto está previsto que se analice, incluso que se apruebe, en el consejo de ministros de la próxima semana.

Con esta meta la ministra ha mantenido conversaciones con compañías propietarias de centrales renovables, cogeneración y residuos (Recore) desde hace más de un mes. El sistema que se ha diseñado para que centrales de las citadas tecnologías «abandonen» el mercado mayorista de generación (pool) será destinar, a través de acuerdos, parte de su producción a la demanda de los clientes acogidos a la tarifa regulada.

Las citadas centrales destinarán, asimismo, producción a empresas electrointensivas, a través de contratos bilaterales. En realidad este camino forma parte del objetivo, reiterado por la ministra, de reducir el peso del mercado mayorista de generación en la compra-venta de megavatios. Si no es posible cambiar el sistema que rige en el pool, porque la mayoría de los ministros europeos así lo quiere, pues será necesario que adelgace.

Si la subida de los precios eléctricos ha creado una alarma social, el impacto en parte de la industria no es menos relevante y ha conllevado paralizaciones de la producción. De hecho está en juego la supervivencia de empresas en la medida que no puedan competir con los costes más bajos de los rivales de su entorno.

Es una medida temporal, para 2022, que se ha perfilado por la negativa de la mayoría de los países comunitarios a modificar o relajar el sistema marginalista para fijar los precios eléctricos. En las últimas reuniones de los ministros responsables de la política energética no se han movido de las posiciones iniciales, pese a que los elevados precios del pool también les afecta. En ocasiones con menos fuerza porque están más conectados entre ellos por sus posiciones geográficas.

Si bien este plan cuenta con obstáculos, algunas eléctricas señalan que la decisión supondrá reducción de ingresos, al tiempo que destacan que parte de la producción ya la tienen acordada. No obstante, el ministerio se ha comprometido a respetar la rentabilidad de estas instalaciones, marcada en un 7,3% para el final de la vida útil para las plantas anteriores a 2013.