Que la Seguridad Social tiene problemas para financiar las pensiones nadie lo pone en duda. De la inestabilidad financiera del sistema ya empezó a hablarse en la década de los 90 del siglo pasado y, ahora, ya con la vista puesta a corto plazo, urge buscar soluciones porque empiezan a jubilarse los nacidos en el «baby boom», la generación más poblada de la población activa (los nacidos a finales de la década de los 50 y mediados de los 70).

Ésta es la razón fundamental por la que el ministro José Luis Escrivá está lanzando globos sonda para conocer la reacción de partidos políticos, agentes sociales y  sociedad. Su primer intento fue en julio cuando tuvo la «ocurrencia» (de un mal día) de buscar fórmulas con las que recortar las pensiones que, por derecho, le corresponde a los «baby boomers». Entre ellas, alargar la vida laboral (si tienen la suerte de poder llegar a la edad legal de jubilación con un empleo) o penalizar más significativamente a quienes se jubilen antes de la edad que les corresponde… en definitiva, recortarles la pensión.

Y más recientemente, y está puesta sobre la mesa de negociación con los agentes sociales, subir las cotizaciones a todo el mundo, lo que ha levantado una polvoreda de críticas porque se penaliza al empleo y se eleva la fiscalidad de las empresas (según los partidos de derecha, empresarios y autónomos) o se recortan los salarios (según el socio de coalición del Gobierno). Los sindicatos, de momento, esperan que se les concrete la propuesta para empezar a negociar a ver qué se puede hacer. El tecnócrata Escrivá, por su parte, ya no retira esta propuesta ni habla de un «mal día» sino que adelanta que la medida será temporal (durante 10 años) y supondrá elevar un 0,5% las cotizaciones, lo que para los trabajadores se traducirá en pagar unos 5 euros más.

No me parece que el problema de la financiación se solucione recortando las pensiones o tocando la edad de jubilación, aunque ya estemos en los 10 millones de pensionistas y esa cifra se vaya a elevar exponecialmente en los próximos 15 años. Al fin y al cabo, es un derecho adquirido por el trabajador desde que inició su relación  con la Seguridad Social al empezar a trabajar. En mitad o al final del partido no se pueden cambiar las reglas de juego. Es más, sería inconstitucional y crearía una injusticia imperdonable entre quienes ya se han jubilado y los que se van a jubilar.

A mi modesto entender, el problema son los ingresos de la Seguridad Social por las cotizaciones que debería estar recibiendo si el mercado laboral funcionara como debería. A todas luces no funciona porque no aporta lo que debería. ¿A qué se debe? Pues no parece descabellado pensar en que desde la crisis de 2008 y la consiguiente reforma laboral de 2012 (que ahora PP y empresarios vuelven a defender porque en España se está creando empleo) se cambió algo sustancial para los trabajadores: se bajaron salarios (para defender los empleos) y se dio rienda suelta a la temporalidad. El resultado es precariedad laboral y bajas cotizaciones.

En España se está creando empleo en estos momentos, pero de qué clase. Antes de la crisis de 2008 ser mileurista era como estar alejado del bienestar, ahora es una aspiración de muchos trabajadores. En 2021 ya contamos con 3,26 millones de personas sumidas en la más absoluta pobreza, no creo que sea casual. No vale que se contabilice un empleo que dura horas, días o semanas, como si fuera un empleo real del que el trabajador pudiera contar con un horizonte de estabilidad vital para planear su futuro. ¿Qué aporta una cotización de horas o días al sistema público de pensiones? La misma inestabilidad y precariedad que tiene el trabajador, que tendrá muy difícil de seguir así consolidar sus derechos para acceder a una pensión.

La lógica nos dice que si se reduce la temporalidad y se elevan los salarios, los ingresos por cotizaciones mejorarían significativamente. Pero claro hay que cerrar las puertas a esa temporalidad en la que cualquier situación vale para acogerse a ella. Y hay que subir los salarios porque los trabajadores lo tienen muy difícil para llegar a final de mes, más aún cuando la inflación campa a unos niveles que en España no se conocían desde la pasada década de los años 80, cuando aún no habíamos ingresado en la UE.

Creo que políticos y expertos deberían dejar de jugar con nuestros destinos, cuando parece que la consigna es empeorar nuestra vida. Lejos de los debates estériles sobre palabras como «derogación» deberían empezar a trabajar en medidas reales que solucionen problemas reales.

Los problemas son el mercado laboral y las cotizaciones, y ambos están relacionados. ¿Y si se prueba a subir salarios y reducir la temporalidad para elevar las cotizaciones?