La Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac) avisa que el Anteproyecto que reforma la Ley Concursal puede incrementar la saturación de los juzgados españoles, que se enfrentarían a la falta de recursos ante el inminente fin de la moratoria y el aumento de los concursos de microempresas.

«Somos el único país de Europa en el que el administrador concursal es excluido de los procesos de insolvencia y es percibido como el culpable del fracaso del sistema», insisten en Aspac.

La reforma de la Ley Concursal se debe a la trasposición de la Directiva 1023/2019, pero Aspac considera que la interpretación del Gobierno de esa normativa europea compromete la seguridad jurídica de los procesos concursales.

Entre las modificaciones que entrarían en vigor, si se aprueba el anteproyecto de ley en su actual redacción, destaca la exclusión de la figura del administrador concursal en los procedimientos de la segunda oportunidad y en el denominado  «procedimiento especial para microempresas». Y ello pese a que el 90% de los concursos declarados son presentados por pequeños y medianos empresarios, según las estadísticas del Consejo de Registradores de España.

La tendencia al alza de concursos de acreedores y la proximidad del fin de la moratoria concursal, concedida por el Gobierno como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia, muestran que los juzgados se enfrentarán a una «gran carga de trabajo en 2022», avisa en Aspac.

El Anteproyecto no contempla respuestas para esta sobrecarga, sino que impone un peso más para los juzgados al eliminar la figura del administrador concursal del proceso de quiebra de una empresa.