Asufin afirma que la nueva plusvalía «no puede aprobarse vía decreto-ley» y que, por ello, «nace mal», a propósito de la decisión del Consejo de Ministros de sacar adelante una nueva configuración de este impuesto bajo esta figura legal.

La Asociación de Usuarios Financieros señala que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece que los tributos «no se pueden aprobar por decreto-ley y lo que el Gobierno está regulando es la esencia del impuesto, la parte que corresponde a su cálculo».

Así, señala que se podría asistir a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.

También se denuncia que el Constitucional «impida» la retroactividad en las reclamaciones de la plusvalía pagada en los últimos cuatro años.

«Es inadmisible que se hurte al contribuyente de su legítimo derecho a presentar una autoliquidación rectificativa, la famosa complementaria, para subsanar errores», sostiene la presidenta de la asociación, Patricia Suárez.

Asufin asegura que «va a seguir» reclamando estas plusvalías pagadas hace cuatro años y reitera la «injusticia» que ha supuesto mantenerla durante cuatro años «hasta que el TC ha tenido que intervenir y declarar la nulidad de un método de cálculo que ha afectado a todo tipo de operaciones, también las minusvalías, tan habituales por la crisis del ladrillo de la década anterior».

Además, la asociación alerta de que en el «impasse legal» entre la fecha de la sentencia del Constitucional, el 26 de octubre, y la publicación en el BOE del decreto-ley, que podría realizarse mañana, «algunos ayuntamientos podrían estar cobrando sin cobertura legal la plusvalía, lo que supone un desacato».

«Si ya peleamos la plusvalía por la sentencia de 2017, y por la de 2019, vamos a seguir peleando por la de 2021», ha advertido Suárez.

Gestha también alerta del riesgo de inconstitucionalidad

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ven un riesgo de inconstitucionalidad en la nueva regulación de la Base imponible de la Plusvalía municipal aprobada por el Consejo de Ministros mediante un Real Decreto ley, al diseñar uno de los elementos esenciales del tributo prescindiendo de una ley ordinaria.

Según los técnicos de Hacienda, tras la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado día 26 que determinó la inconstitucionalidad de varios preceptos de la Base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), la nueva regulación en un Decreto ley podría vulnerar el principio de reserva de ley del artículo 133 de la Constitución, por lo que recomiendan que, una vez que sea convalidado, se tramite como proyecto de ley para eliminar cualquier riesgo.

En opinión de Gestha, con la tramitación como proyecto de ley, se mejorará el contenido y redacción y se lograría una mayor estabilidad de la nueva regulación en el futuro, ya que asegura que habrá contribuyentes que recurrirán las liquidaciones de la Plusvalía con la nueva normativa pidiendo a los Tribunales de Justicia que planteen una nueva cuestión de inconstitucionalidad.

Los técnicos de Hacienda urgen a los Ayuntamientos a aprobar las Ordenanzas fiscales antes de los seis meses de plazo, pues cada mes de impasse supone una pérdida de unos 170 millones en las arcas municipales, según la recaudación prevista para 2021 de 2.075 millones

Por otra parte, Gestha señala que los Ayuntamientos no podrán exigir la Plusvalía en las transmisiones de inmuebles que se produzcan en las próximas semanas hasta que no se aprueben las nuevas ordenanzas fiscales.

Por tanto, la nueva regulación nunca podría ser retroactiva, y los Ayuntamientos no solo no recaudarán las Plusvalías no liquidadas antes de la sentencia del Tribunal Constitucional del día 26 del pasado mes, sino que tampoco lo recaudarán por las nuevas transmisiones mientras no aprueben sus ordenanzas fiscales.

Gestha reconoce que el Gobierno haya recogido su propuesta para que el nuevo impuesto municipal grave las plusvalías especulativas generadas en menos de un año. Sin embargo, le resulta contradictoria la opción de tributar por los valores catastrales del suelo e índices que fije anualmente el Gobierno o por la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión -si es más favorable y puede justificarse por el contribuyente-.

Pero como la escritura es la justificación de la diferencia de valor en la transmisión, corresponderá al Ayuntamiento probar que el valor de transmisión es superior al escriturado, prueba que será imposible para la mayoría de los servicios tributarios municipales que cuentan con muy pocos funcionarios especializados.

Precisamente, Gestha propuso que la base imponible de este impuesto fuera el mayor entre el valor escriturado o el valor de referencia del Catastro para evitar el fraude de anotar en la escritura un importe por debajo del precio pagado en la compraventa.

Por último, los técnicos insisten a la Agencia Tributaria en la necesidad de reforzar el intercambio de información relevante con las Administraciones tributarias locales para mejorar la gestión, la inspección y la recaudación de los tributos locales.