El Pleno del Congreso ha convalidado el decreto que contiene un paquete de ayudas por un importe de casi 214 millones€ para paliar los daños provocados por la erupción de La Palma con el apoyo de todas las formaciones políticas en la Cámara Baja, a excepción de Vox, que se ha abstenido.

Así, este decreto, que el Consejo de Ministros aprobó el 5 de octubre como un segundo paquete de ayudas por la erupción que comenzó el pasado 19 de septiembre, ha contado con el voto favorable de toda la Cámara, salvo un voto en contra y las 52 abstenciones de los diputados de Vox.

No obstante, el Pleno ha rechazado tramitar este decreto como un proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, puesto que, según han ido avanzando los portavoces de los grupos, se busca que estas ayudas lleguen con celeridad a los afectados por el volcán.

El encargado de defender la convalidación de este decreto ha sido el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños.

El decreto convalidado recoge ayudas directas en materia de vivienda a personas físicas y jurídicas para la reconstrucción de viviendas y establecimientos industriales destruidos.

Además, 63 millones irán destinados a un ‘Plan extraordinario de formación y empleo’ para los habitantes de La Palma, que tendrán también un año de moratoria y sin intereses para las cotizaciones y se permitirá el rescate anticipado de planes de pensiones y fondos.

Para el sector agrario y pesquero el decreto incluye ayudas directas por un importe de 20,3 millones de euros para paliar los perjuicios causados por el volcán en regadíos, caminos rurales, pesca y acuicultura. También se permutarán fincas para que los agricultores puedan continuar con su actividad y se financiará el coste de los avales para reactivar la actividad económica.

En apoyo a las infraestructuras de movilidad se destinarán 22 millones de euros para reconstruir infraestructuras; 40,5 millones de euros para redes viarias. Del mismo modo, se hará este año una exención total del Impuesto de Bienes Inmuebles para las viviendas y los daños causados y se aplazará el pago de deudas tributarias.

El decreto también incluye 500.000 euros para financiar a los servicios sociales y medio millón de euros más para proteger a las mujeres en situación de vulnerabilidad por violencia de género.

Por otro lado, la norma suspende tres meses los plazos legales para ejercer el derecho de desistimiento sobre cualquier contrato, incluidos los plazos de devolución de productos. Hasta el 19 de diciembre, todos los residentes de La Palma, aunque lo sean de forma temporal, podrán rescindir un contrato sin que medie causa en determinados supuestos. Esta medida afecta principalmente a las compras online.

Cuando un contrato no pueda ser cumplido, la empresa tendrá que devolver las cantidades que los consumidores hayan pagado previamente en el plazo máximo de 30 días. Es el caso de conciertos o eventos para los que los consumidores tengan entradas compradas.

Además, no tendrá que abonar nuevas cuotas durante cinco meses -mientras que no se pueda ejecutar el servicio- sin que esto sea motivo para rescindir el contrato. Este supuesto se da en servicios que se adquieren por cuotas, como en caso de gimnasios, guarderías o academias.

Cuando el consumidor sea quien no pueda recibir el bien o disfrutar el servicio o suministro a causa de las medidas decretadas por las autoridades -aunque la empresa pueda prestarlos- tendrá también derecho a elegir entre la resolución del contrato, sin pagar penalizaciones, o el aplazamiento en los términos que se acuerden entre las partes. Este será el caso de viviendas de personas evacuadas que no puedan disfrutar de sus contratos de luz, gas o teléfono, aunque la empresa suministradora pueda prestar el servicio.

En caso de solicitar la suspensión del contrato, su reanudación no llevará ningún coste aparejado y la solicitud de rescisión contractual implicará la devolución de los importes ya abonados por la persona afectada en un plazo máximo de 30 días.

Las personas afectadas tendrán un plazo de cinco meses para ejercer este derecho desde que la autoridad competente decretó la medida por la que no pudieron recibir los bienes o disfrutar los servicios o suministros.

Durante el debate, la mayoría de las formaciones políticas han coincidido en afear al Gobierno que no incluya ninguna partida específica de ayudas para La Palma en el proyecto de Presupuestos para 2022.

Declaración institucional en apoyo a la isla

El Congreso de los Diputados ha aprobado una Declaración institucional en la que se compromete a aportar soluciones y apoyar a la isla de La Palma y a sus ciudadanos, y a resolver todos aquellos incovenientes que ha generado la erupción del volcán que todavía sigue activo.

Este texto, firmado por todos los grupos parlamentarios de la Cámara Baja, ha sido leído este jueves en la sesión plenaria por el secretario cuarto de la Mesa del Congreso, Adolfo Suárez Illana (PP).

En el escrito, el Congreso se involucra en «no dejar solos» a los ciudadanos de La Palma, requiriendo unidad y lealtad con ellos «para que los vecinos que que lo han perdido todo puedan volver a reconstruir sus vidas, sus casas y sus barrios, y para que aquellos que no tienen donde cobijarse puedan optar a una opción rápida; para que sus autónomos puedan seguir a pie de guerra y vuelvan a levantarse, y que no tengan que irse fuera de su isla a buscar otra vida distinta a la que el volcán les arrebató; para que no caiga el sector agrícola en la sila; y para impulsar el sector turístico y el desarollo de la isla».

Reclama altura política y compromiso porque «no se puede dejar nadie atrás». «El compromiso por la reconstrucción ha de ser igual de firme que el de no olvidar, el compromiso social tan fuerte como el político y el compromiso empresarial tan sólido como el emocional».