El Gobierno trata de salvar la negociación sobre la reforma laboral, después de primer resbalón tras la incorporación de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, a la ronda negociadora. El compromiso con Bruselas ahoga. Y los plazos corren para atar un ramillete de asuntos, cuya complejidad hace peligrar el acuerdo. Un momento “muy delicado”, según advirtió hoy el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), que participa en la mesa junto a UGT y los empresarios. Y que amenaza la llegada del grueso de la ayuda europea para la recuperación.

El Ejecutivo navega entre dos aguas en un momento muy delicado de la negociación, cuando apenas hay tiempo para desarrollar la compleja legislación que requiere lograr una transformación de calado del mercado de trabajo, mientras la negociación se hace más compleja por las disensiones en el seno del Ejecutivo.

Hoy el secretario de Empleo, Joaquín Pérez Rey, de forma voluntarista, declaró que el Gobierno “apurará hasta el máximo” las posibilidades de la mesa para logar un “respaldo nítido del acuerdo” por parte de empresarios y sindicatos.

Sin embargo, un millón de temas, y todos ellos complejos, se acumulan sobre la mesa del diálogo social. En primer lugar el nuevo mecanismo de ERTE permanente, bautizado como Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, cuya primera versión recibió ayer un sonoro y unánime rechazo por parte de los empresarios y los sindicatos.

A los primeros les parece “farragoso” e “intervencionista”, hasta el punto de que el jefe de los patronos dudó que provenga del equipo de Calviño. Y a los segundos tampoco les gusta, por considerarlo un “refrito”, además de —en coincidencia con los empresarios— “intervencionista” con las competencias hoy en manos de las comunidades autónomas.

Tampoco les gusta a los sindicatos la cláusula que indica que una parte de la indemnización por despido de los trabajadores afectados por los futuros ERTE permanentes acaben dotando un fondo en el Fogasa —Fondo de Garantía Salarial—; una de las profusas condiciones detalladas a empresarios y sindicatos, el pasado sábado, en un documento de 30 páginas, remitido por el Ejecutivo.

El borrador — sujeto a cambios, como recordó hoy Calviño — establece dos nuevas modalidades, que se añadirían a los actuales ERTE por causas organizativas, técnicas y de la producción (ETOP).

Estos ERTE del nuevo mecanismo Red obligan a las empresas a formar a los trabajadores. Y prevén reducciones de jornada del 10% al 70%. O suspensiones de contratos, cuando esto no sea posible.

Se podrán activar ante cambios estructurales del sector, que sometan a una crisis a las empresas. O debido a crisis cíclicas de la economía.

En ambos casos las empresas se beneficiarían de exoneraciones de cuotas. Aunque lo más interesante, y complejo, es el mecanismo de recualificación de trabajadores, y la forma en que estos podrían ser contratados por otra empresa, después de formarse en la empresa de origen.

Por un proceso, considerado farragoso por empresarios y sindicatos, las empresas que activen estos nuevos ERTE del sistema RED podrán recolocar al trabajador en otra empresa, que se beneficiará de menores costes en el pago a la Seguridad Social por estas contrataciones.

Para ello el trabajador debería firmar su dimisión de la primera empresa. Y perder con ello su antigüedad, al menos con ciertos efectos; no en el caso de un despido en su nueva empresa, circunstancia ante la cual el trabajador cobraría íntegro su despido íntegro, como si no hubiera salido de la primera empresa, según ese borrador, aún sujeto a cambios.

Espinosa agenda

Pero el listado de asuntos espinosos que reposan sobre la mesa de diálogo social no acaba ahí. Pendientes aún de desarrollo, en una doble tanda negociadora, con reuniones también los viernes, además de los miércoles, el nutrido grupo de negociadores, donde el Gobierno ha incorporado al equipo de Calviño, además del de Trabajo, debe además dar cauce legal a asuntos de capital importancia. Y el primero de ellos, el de temporalidad.

Un asunto que pone los pelos de punta a los empresarios, temerosos de que el Gobierno meta la tijera, y prohíba, de hoz y de coz, la firma de contratos temporales; y los sustituya por los fijos-discontinuos —una fórmula bien acogida por los hoteleros de Baleares, pero poco exportable, según los patronos, a otras actividades, como el campo—.

Por si fuera poco, además de este control de la temporalidad, que conllevaría un aumento de las sanciones por la firma sin causa de esos compromisos, y recargos que penalicen la rotación excesiva de contratos que solo buscan ahorrarse los sábados y domingos en las cotizaciones a la Seguridad Social, un tercer asunto de la mayor importancia destaca en la montaña de papeles que se amontonan sobre la mesa de diálogo social.

Se trata de las reglas del juego de la negociación colectiva, trastocada en 2012 por el PP, en favor de los empresarios, y que el Gobierno, al menos la facción de Unidas Podemos, se muestra decidida a trasmutar, a fin de devolver a los sindicatos un mayor poder, derivado de negociar convenios y salarios en un ámbito más favorable, como es el sector, a sus intereses. Y que estos acuerdos prevalezcan sobre los pactos de empresa.