Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y CSIF han reclamado hoy “seguridad jurídica” a los grupos políticos —PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV— que han pactado una solución para los cientos de miles de interinos que trabajan, sin un puesto fijo, en la Administración. La Constitución obliga a respetar los principios de mérito y capacidad. Sin embargo, la consolidación de los interinos y su conversión en fijos podría lesionar esos principios, y abocar a un largo proceso judicial el proceso, según temen los sindicatos, a la espera de conocer el texto enmendado en el Congreso.

CCOO y CSIF coinciden en la necesidad de dejar bien atado el encaje legal del futuro proceso de estabilización, que convertirá antes del final de 2024 a cientos de miles de interinos en personal fijo de la Administración tanto local, como autonómica y General del Estado, incluyendo entes, fundaciones, empresas y consorcios públicos.

El texto pactado ayer, después de un acuerdo con los sindicatos en julio, rebaja a cinco años la antigüedad exigida para que los interinos se conviertan en fijos sin necesidad de presentarse a una oposición.

En principio, cuando el listón estaba en diez años de antigüedad, se estimó en 300.000 el número de interinos afectados, que hoy, después de rebajar el requisito a la mitad, será netamente superior.

Por otro lado, aquellos que lleven de tres a cinco años en el puesto también podrán beneficiarse, por una segunda vía. A falta de su concreción definitiva, la enmienda abrirá la puerta a que las diferentes Administraciones convoquen procesos selectivos por concurso oposición, aunque sin que la fase de oposición sea excluyente.

Esto quiere decir que los aspirantes que suspenda la fase de oposición del proceso selectivo podrán continuar optando por el puesto, según esta posibilidad.

CSIF reclama aclaraciones

CSIF reclamó hoy a los grupos parlamentarios que garanticen el encaje legal de la futura ley a fin de evitar sentencias judiciales que invaliden los procesos selectivos. En concreto, CSIF, a la espera de estudiar el texto final, reclama a los grupos que aclaren si la enmienda afecta a todas las plazas o solo aquellas que no han salido a oferta de empleo público.

Por su parte, CCOO insiste en que “la respuesta definitiva” a los interinos “no puede generar una mayor incertidumbre o una nueva discriminación; además debe contar con seguridad jurídica”, aseguran desde la central, que ya ha trasladado sus dudas a los grupos parlamentarios.

El acuerdo alcanzado ayer entre los grupos políticos arranca del pacto que el Gobierno y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF sellaron en julio, cuyo contenido se trasladó posteriormente al articulado del real decreto ley 14/2021, cuya tramitación, tras una votación in extremis, salvada en verano por un solo voto, a ha desembocado en la presentación de las enmiendas para su modificación.

Principio de mérito y capacidad

La Constitución obliga a que el acceso al empleo público se establezca de acuerdo a los principios de mérito y capacidad, y en condiciones de igualdad, según recuerda el real decreto 14/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

En el preámbulo del real decreto, el Gobierno recordaba la imposibilidad de convertir a los interinos en funcionarios saltándose la fase de oposición, en consonancia con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En verano, con la firma del acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos, se habló de la fórmula del indefinido no fijo, como mecanismo para tratar de salvar los impedimentos legales y atender además a la necesidad de rebajar la tasa de temporalidad por debajo del 8% en el sector público, tal y como se recoge en el Componente 11 del plan de Recuperación remitido a Bruselas, sobre medidas de modernización de la Administración Pública.