Se veía venir. Los representantes de la patronal llevan meses muy molestos y críticos con el Gobierno. Después del balón de oxígeno de los ERTE parecía que todo iba a mejorar, pero no. Las empresas no quieren más gastos, los sindicatos quieren que se garanticen las pensiones y el Gobierno de coalición, además de su compromiso de que las pensiones no pierdan poder adquisitivo, debe cumplir con las exigencias de la UE para que nos llegue el dinero del fondo de recuperación. Tres posturas muy difíciles de encajar.

Como telón de fondo las prisas para presentar cuando antes la reforma prometida a Bruselas. Y esas prisas han llevado a la ruptura. La CEOE se ha desmarcado de la subida de cotizaciones con las mismas razones de siempre: no es el momento de que las empresas tengan que afrontar más costes, y la subida de las cotizaciones añade más presión fiscal a las empresas, toda vez que los empresarios llevan décadas reclamando una bajada de las mismas. La solución del Gobierno, por tanto, ha ido en contra de esa vieja reivindicación, y ha espoleado a la cúpula de la patronal a levantarse de la mesa.

Y en la mesa han quedado a desayunar, un día después del acuerdo, con el presidente del Gobierno y los ministros involucrados (Escrivá, Calviño, Yolanda Diaz, María Jesús Montero, Teresa Ribera y Reyes Maroto) solo los dos dirigentes sindicales (Pepe Álvarez y Unai Sordo). Antonio Garamendi y Gerardo Cuerda (CEOE y Cepyme) han sido los convidados de piedra porque lo que se fija por ley hay que cumplirlo.

Pero Antonio Garamendi sigue insistiendo en que sin haber salido aún de la pandemia no se puede añadir sobre los empresarios más presión fiscal porque ese aumento de las cotizaciones terminará repercutiendo sobre la cuenta de resultados de las emrpesas y, por consiguiente, sobre el empleo.

La culpa la tiene el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que al contar con el apoyo de las organizaciones sindicales se incluirá en la primera parte de la reforma de las pensiones que se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Dicho mecanismo se fundamentará en la reactivación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social con la incorporación del 0,6% de incremento que tendrán las cotizaciones entre 2023 y 2032. Las empresas pagarán el 0,5% y los trabajadores el 0,1%, o lo que es lo mismo, supone un aumento de 11,86 euros mensuales, de los que 1,97 euros pagará el trabajador y 9,89 euros restantes, la empresa. En esos diez años se espera que el Fondo de Reserva se nutra con 41.000 millones de euros.

Tras esta ruptura pintan bastos para el diálogo social, porque todavía quedan muchas cuestiones de mucha enjundia a negociar, y lo más apremiante es la reforma laboral. El primer desacuerdo fue el Salario Mínimo Interprofesional, una subida que la CEOE rechazó con los mismos argumentos, ya que no es el momento de elevar los costes a las empresas (nunca es el momento). Pero ante las cuestiones mayores que quedaban sobre la mesa, la CEOE mantuvo el asiento ocupado para evitar otros «males».

Esta primera medida temporal de la reforma de las pensiones tampoco gusta al PP, cuyo presidente ya ha dicho que es mejor una revolarización del 0,25%, basado en el factor de sostenibilidad creado en la presidencia de Rajoy para no incrementar mucho el gasto de esta partida, ya que suponía un recorte de las pensiones en función de la esperanza de vida. Y la patronal sabe que cuenta con el respaldo en las Cortes del PP, como en su día ocurrió con la reforma laboral de Mariano Rajoy que ahora está puesta sobre la mesa de negociación.

El Gobierno, por otro lado, también está presionado porque todas las reformas que lleve a Bruselas deberían contar con el visto bueno de todas las partes implicadas, por lo que ir a la Comisión Europea con una reforma laboral sin el apoyo de los empresarios desmerecería las medidas que contenga. Pedro Sánchez está obligado a buscar nuevas soluciones, una vez superada la crisis en su gobierno de coalición, para que la CEOE sume y no reste.

El presidente del Gobierno deberá apelar a los avances conseguidos en el diálogo social tripartito desarrollado en los dos últimos años, justo en los peores momentos de la pandemia, con las prórrogas sucesivas de los ERTE, las ayudas a las cotizaciones de los autónomos, las líneas ICO y demás apoyo a las empresas y sectores.

El ministro José Luis Escrivá insiste en que el «Estado de Bienestar hay que pagarlo», pero además que este incremento de las cotizaciones es «temporal», durante 10 años, para atender la avalancha de ‘baby bomers’ que llega a la edad de jubilación. No se pueden recortar unos derechos pagados durante toda una vida laboral, denuncian los pensionistas en las calles casi todos los fines de semana. A las críticas del aumento de la presión fiscal que denuncian los empresarios, el ministro les contesta que España tiene uno de los costes laborales más bajos de la Unión Europea, y el más bajo de los países de nuestro entorno. Además, insiste en que la subida no es tan grande, ya que se persigue que no afecte a la creación de empleo, y que la misma se incluía en el acuerdo de julio que apoyó la CEOE, en el que se pactó la vinculación de la subida de las pensiones al IPC, la supresión del factor de sostenibilidad de Rajoy, la bonificación  a la prolongación de vida laboral y retraso de la jubilación y trasladar a los Presupuestos del Estado aquellos gastos asumidos hasta ahora por la Seguridad Social que no le corresponden como sería el caso de algunas pensiones no contributivas.

No es la primera vez que se rompe el diálogo social, aunque este momento no es el más adecuado porque España no puede llevar a la UE medidas faltas de acuerdo de quienes deben cumplirlas. En juego están muchos miles de millones en ayudas.