Abengoa recibe una noticia, aunque esperada, que acaba con la esperanza de contar con una vital inyección de liquidez. El Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo no apoya a la empresa tecnológica en el laudo que presentó contra el Estado español relacionado con los cambios en la retribución de las energías renovables. Solicitaba una compensación por 1.180 millones de euros, pero la entidad sueca ha declarado que «carece de competencia» para decidir sobre el laudo. En otras palabras: no hay veredicto y deja a la compañía sin unos ingresos que le habrían aportado una liquidez de la que ahora carece.

La compañía sevillana, que examinará junto al bufete Cuatrecasas si sigue adelante con este litigio, atraviesa una curiosa encrucijada. Demandaba 1.180 millones al Estado, al tiempo que solicita el apoyo público a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por un importe de 249 millones de euros. Cifra que se sumaría a otras ayudas por medio de avales y préstamos que aportarían otros organismos públicos.

El respaldo de la SEPI es una condición indispensable para que los grupos que se han acercado a Abengoa entren en el capital, pero que se han retirado en los últimos meses. También el candidato que queda, el fondo estadounidense Terramar Capìtal, que ofrece 200 millones (60 millones en capital y el resto en créditos).

El actual presidente de Abengoa, Clemente Fernández, que ha presidido la junta de accionistas celebrada ayer, ha manifestado que cuenta con un grupo industrial, en este caso, español, interesado en la compañía. Ya ha superado el proceso due diligence, lo que implica que conoce su situación financiera. La junta aprobó las cuentas que presentan pérdidas por 412 millones de euros,

Clemente Fernández afirmó que intenta evitar que Abengoa no pueda participar en proyectos y obras en curso, así como en nuevas licitaciones. Si bien su mensaje tenía un claro objetivo: la SEPI. Quiere proporcionar a la entidad pública la máxima seguridad sobre la capacidad de Abengoa para defender su futuro. Prefiere un socio español, que tenga un perfil industrial, y abrir así la posibilidad de que los actuales accionistas de Abengoa SA participaran en el rescate con un porcentaje, que iría del 30% al 39%, de la filial Abenewco 1.