La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, subraya que la transformación hacia una economía sostenibles es «sin duda, responsabilidad primera de los gobiernos», sin menoscabo del «papel protagonista» de las entidades financieras.

Durante su intervención “Desarrollos y regulación de las finanzas sostenibles en los ámbitos nacional e internacional” en el seminario ‘Política económica y finanzas sostenibles: un nuevo enfoque’, organizado por la Universidad Rey Juan Carlos, destaca que los Gobiernos «deben orientar el cambio de modelo económico» a través de «sus políticas y decisiones».

«Cierto es que las entidades financieras juegan un papel protagonista como elementos canalizadores de recursos entre los actores económicos, pero no dejan de ser unos intervinientes más, junto con el resto de la sociedad», ha asegurado la subgobernadora.

Para Delgado, la responsabilidad de las entidades reside en identificar, medir e incorporar el riesgo climático dentro de la gestión habitual de los riesgos.

Sin embargo, ha señalado que los «verdaderos protagonistas del cambio» serán las políticas de los Gobiernos y la actuación de los ciudadanos.

En su intervención, Delgado ha realizado un repaso por la legislación, tanto internacional como europea y española, en torno a la sostenibilidad, legislación que actualmente «está experimentando una vorágine regulatoria».

La Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Ecológica establece que las entidades de crédito deberán elaborar un informe donde se incluya el impacto de los riesgos de la transición hacia una economía sostenible y las medidas que se adopten para hacer frente a dichos riesgos.

Además, las entidades deberán publicar sus objetivos específicos de descarbonización de su cartera de préstamo e inversión alineados
con el Acuerdo de París a partir de 2023.

Esta ley establece que el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) elaborarán conjuntamente, cada dos años, un informe sobre el grado de alineamiento con las metas climáticas del Acuerdo de París y de la normativa de la Unión Europea (UE).

Desde la óptica de la supervisión prudencial del sistema financiero, Delgado ha indicado que «los esfuerzos se han puesto en mejorar la gestión de estos riesgos por parte de las entidades, así como su divulgación a terceros», si bien ha asegurado que «todavía está en discusión la necesidad de ajustar el pilar 1», es decir, el relacionado con los requerimientos de capital y el coeficiente de solvencia, «para reflejar estos nuevos riesgos».

Para completar la transición hacia una economía sostenible «no solo es necesario adaptar la regulación, sino que también hay que dotarla de recursos económicos».

En este sentido, ha recordado el cálculo realizado por la Comisión Europea que estima que será necesario movilizar un billón de euros de fondos públicos y privados durante la próxima década, hasta 2030.

Adicionalmente, para conseguir la neutralidad de carbono en 2050 en la Unión Europea se necesitarían otros 260.000 millones de euros de inversión anual.