La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento del exdirector de Seguridad de Mutua Madrileña, Benjamín García Cañón, en el caso ‘Tándem’, acusado de delito de cohecho al haber contratado los servicios del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

La defensa de García Cañón recurrió el auto por el que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón finalizó en julio la instrucción de la pieza 15 de la macrocausa, en la que se investiga la contratación de Villarejo para salvaguardar los intereses de la aseguradora.

La empresa de Villarejo, el Grupo Cenyt, ha elaborado un informe preliminar denominado Lump-IF 1 para proteger los intereses de la Mutua «ante una eventual situación de riesgo, como consecuencia de prácticas poco ortodoxas de ciertas personas», entre ellas el expresidente de la aseguradpra, José María Ramírez Pomatta.

En su recurso, la defensa pedía la revocación del auto y el sobreseimiento provisional y archivo para García Cañón al entender que no existen «indicios para atribuirle hechos que revistan carácter delictivo».

En la resolución de julio, que mantiene fuera de la causa a la aseguradora, se acordó juzgar a Villarejo y a su socio Rafael Redondo por la contratación de la empresa Cenyt para confeccionar un informe de solvencia sobre Ramírez Pomatta, un proyecto denominado «Autumm» por el que la sociedad percibió 16.000 euros.

La Audiencia Nacional da la razón al juez, que en su auto describía que los presuntos hechos delictivos se iniciaron el 20 de octubre de 2009 en una reunión entre Villarejo, que todavía era comisario en activo, y García Cañón, sobre el informe Lump, y que la defensa considera una «charla distendida» sobre cuestiones relacionadas con la aseguradora. Para la Sala, los hechos «revisten carácter de delito».

El «proyecto Autumn», elaborado por el socio de Villarejo, recoge un perfil sobre Ramírez Pomatta, sus datos personales, sus propiedades, su actividad profesional, las sociedades mercantiles administradas por él, los cargos antiguos que ostentó en distintas mercantiles, así como la profesión de sus familiares más cercanos. El Grupo Cenyt percibió 16.000 euros por la elaboración del informe, que con el IVA asciende a  18.880 euros.

La Sala de lo Penal recuerda, como ya indicó el juez instructor, que el pago por el servicio se reflejó en tres facturas emitidas por Cenyt a cargo de Mutua y en todas ellas aparece como descripción del servicio «Estudios de solvencia patrimonial», con firma de García Cañón.

Esas contrataciones tenían como objetivo la «elaboración de informes de investigación e inteligencia, lo que ab initio integrarían delitos de cohecho».