El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado en Moncloa, a 23 de noviembre de 2021.

El Consejo de Ministros ha aprobado en primera lectura el anteproyecto de Ley de planes colectivos de pensiones, que se extenderá a autónomos y funcionarios, con el que se pretende modernizar y reforzar el sistema público, explica el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Al mismo tiempo, impulsa los planes de pensiones de empleo frente a los del sistema individual, para facilitar el ahorro para la jubilación de trabajadores por cuenta ajena, los autónomos y los empleados públicos.

Escrivá precisa que el anteproyecto responde a la recomendación 16 del Pacto de Toledo, a la reforma del componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y a la disposición adicional 40 de la Ley de Presupuestos de 2021.

Escrivá considera que España vive una «situación anómala desde hace dos décadas» en cuanto a planes de pensiones colectivos, que se encuentran estancados, frente al crecimiento de los planes individuales, que beneficiaban, además, a las rentas altas y muy altas.

Además, los planes colectivos «estaban sometidos a una serie de trámites muy extensos, que dificultaban su creación». Por eso, el anteproyecto «va orientado a eliminar todos los obstáculos que hasta ahora han dificultado la extensión de los planes colectivos», apunta el ministro de Inclusión.

La norma contempla la creación de un fondo de empleo de impulso público, el reforzamiento de la negociación colectiva y la mejora de la fiscalidad de los planes de empleo.

Para Escrivá, esta ley favorecerá la competencia, ya que gestoras privadas, mediante el procedimiento de concurso, administrarán ese fondo, con comisiones bajas.

El futuro fondo de pensiones quiere aumentar la población cubierta por planes colectivos y ofrecer productos de ahorro de coste bajo para ciudadanos de rentas medias, que incluirán a autónomos, trabajadores de pequeñas y medianas empresas (pymes) y funcionarios de Administraciones Públicas pequeñas que no tenían posibilidad de acceder a planes colectivos de empleo. Estará en vigor en junio de 2022 tras someterse  a audiencia pública, se aprobado en segunda lectura por el Consejo de Ministros y concluir con su trámite parlamentario.

El ministro de la Seguridad Social aclara que el Estado será «simplemente el promotor» del plan, que  «será administrado por gestoras», tras una licitación. En la Comisión de Control del plan habrá una representación «importante» de empleados públicos pero la gobernanza será la «habitual en un plan de empleo homólogo de una empresa», con participación de empresarios y trabajadores.

Según Escrivá, solo uno de cada diez trabajadores españoles tiene acceso a un plan de pensiones colectivo, cuando en otros países europeos es uno de cada tres o cuatro. En el País Vasco, donde estos vehículos de ahorro son más frecuentes, es uno de cada dos trabajadores. «El potencial es extraordinario y no ha llegado a casi nadie, a pesar de ser un producto extremadamente atractivo», subraya.

El fondo de pensiones de empleo de titularidad pública pero gestión privada tendrá un «límite máximo de comisiones, en línea con los costes actuales en los planes de empleo» y, por tanto, «extraordinariamente más bajo» que el de los planes individuales, que rondan el 1%. Las gestoras que concursen para la gestión del fondo deberán hacer sus propuestas y «situar su puja por debajo de ese límite máximo», no precisado por Escrivá

En cuanto a la fiscalidad del fondo, el ministro ha recordado que el anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2022 recoge que la deducción en el IRPF de los planes de empleo se eleva a 8.500€, mientras que en los planes individuales se sitúa en 1.500€, con una suma total de las aportaciones de 10.000€. Para los autónomos, la deducción total se situará en 5.750€.