Las empresas españolas tardaron en pagar a sus proveedores hasta cinco días más en 2020 tras la declaración de la pandemia, ya que el plazo de pago aumentó hasta los 93 días, en los que las empresas utilizaron el crédito comercial de sus proveedores como principal fuente de financiación, según Iberinform.

En 2010, la legislación sobre plazos de pagos comerciales en España impulsó la limitación a los 60 días naturales a contar desde la fecha de recepción de las mercancías. Sin embargo, los plazos no se ha cumplido durante la última década, de acuerdo con el Observatorio de Riesgo de Crédito que impulsan desde 2009 Iberinform y Crédito y Caución.

Ninguno de los sectores productivos está por debajo de los 60 días. El mejor situado es el sector servicios con 87 días. Después, la industria española con 96 días, mientras que los plazos más amplios se dan en construcción (99 días) y el sector primario (104 días).

Todos los segmentos empresariales han registrado un empeoramiento de sus plazos de pago de entre cuatro y seis días en 2020. Microempresas y pequeñas empresas vuelven a situarse por encima de los 90 días, las medianas se acercan a los 100 y las grandes alcanzan los 110.

Por comunidades autónomas, la evolución depende de diversos condicionantes, principalmente, dos: los matices en la cultura de pagos o la composición sectorial. La diferencia puede ser de hasta 22 días.

Navarra, Baleares, Aragón, Cantabria, La Rioja, Cataluña, Canarias y Castilla y León presentan los plazos de pago más reducidos de todo el país. En el otro extremo se sitúan Andalucía, Extremadura, Madrid, Murcia y Castilla-La Mancha.

Andalucía y Extremadura vuelven a situarse por encima de los 100 días a raíz del empeoramiento de 2020. La extensión de los plazos de pago se produce en todas ellas salvo en Murcia.