El coste de las catástrofes naturales en España entre 2016 y 2020 fue de 12.067 millones€, según el informe presentado en el VI Simposium del Observatorio de Catástrofes de la Fundación Aon España sobre “El Coste de las Catástrofes”, organizado en colaboración con la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

El año con mayor impacto económico fue 2019, con 3.120 millones, seguido de 2020 con 2.616 millones.

El presidente del Observatorio de Catástrofes, Pedro Tomey, destaca que “es la primera vez que se realiza en España un estudio de estas características.” El informe ha sido elaborado por la Fundación Aon España en colaboración con Protección Civil y Aon Reinsurance Solutions y con la participación de UNESPA, el Consorcio de Compensación de Seguros, Agroseguro, ICEA, Cruz Roja Española, la Unidad Militar de Emergencias, la Fundación ONCE e investigadores de la Cátedra de Catástrofes de la propia Fundación.

El cálculo de costes incluye la repercusión en las partidas presupuestarias, subvenciones y ayudas, el impacto en las economías domésticas y en el sector agrícola.

Por sectores, el sector agrícola fue el más afectado con un 35% de las pérdidas. En segundo lugar, se situaron las economías domésticas con un 31,6% del coste total, las partidas presupuestarias de Protección Civil, UME y Cruz Roja sumadas a las subvenciones de ayuda de Protección Civil supusieron un 4,13% del total.

El coste asegurado de las catástrofes analizadas entre 2016 y 2020 fue de 6.290 millones, el 41,3% del coste total estimado.. La protección ofrecida al sector agrario supuso un 38,38% del total y para el resto de los sectores la cobertura fue del 20%.

El coste no asegurado alcanzó los 5.274 millones, lo que supone que la brecha de protección -daños asegurados frente los no asegurados- ha sido del 45,6%.

La subvenciones y ayudas de Protección Civil entre 2016 y 2020 fueron de 32 millones de euros, con un coste medio anual de 6,56 millones de euros. Asimismo, las partidas presupuestarias de Protección Civil, UME y Cruz Roja se situaron en 438 millones de euros con un promedio de 87,8 millones de euros al año.

La DANA de septiembre de 2019, la más dañiña

El ranking de los desastres con mayor coste económico lo encabeza la DANA de septiembre de 2019 en Alicante y Murcia, con 1.319 millones, seguida del temporal de enero de 2020 en toda la península, con un coste de 843 millones. El tercero fue las inundaciones y temporales de diciembre de 2016 del sureste de España, con un coste de 272,72 millones.

Los diez mayores desastres acumulan 3.540 millones, lo que representa un 30,5% del coste económico total estimado.

El informe dedica un capítulo especial al impacto económico del Temporal Filomena en enero de 2021. Su coste económico fue de 1.157 millones, de los que 505 millones estaban asegurados y el resto sin asegurar, lo que supone un impacto negativo de 1.557 millones.

Barómetro anual de Catástrofes

El Observatorio anunció la creación de un Barómetro Anual de Catástrofes en España, con el fin de cuantificar los impactos de los desastres, obtener y sistematizar criterios para prevenir, dar adecuadas respuestas y mitigar los daños.

El nuevo Barómetro realizará un inventario de catástrofes y elaborará índices sobre impacto socio-económico de los desastres, su repercusión en las infraestructuras críticas, los daños personales y materiales que provocan, la resiliencia y su efecto sobre los colectivos más vulnerables.

Para Pedro Tomey, “este Barómetro será el primero en su modalidad en España y permitirá cubrir el vacío estadístico y analítico que existe en España en el ámbito del estudio de las catástrofes y, con ello, ofrecer a la sociedad nuevas herramientas para defenderse de los sucesos catastróficos y mitigar su impacto. Gracias al nuevo Barómetro, podremos establecer una clasificación de las catástrofes en función de su severidad y diseñar un mapa completo con los focos de localización más críticos”.

El nuevo Barómetro contará con un Comité Científico cuya misión consistirá en nominar las catástrofes de acuerdo a los parámetros que el propio Comité fije, elaborar los cuestionarios y mantener las entrevistas con los interlocutores preguntados, seleccionar y analizar la información obtenida de las fuentes designadas en cada evento catastrófico, hacer seguimiento de los índices de medición con las instituciones y organismos participantes, supervisar el trabajo de investigadores y consultores y validar de las conclusiones y en su caso participación en la presentación pública del Barómetro.

En el Comité Científico estarán representantes de la Fundación Aon España, Aon Reinsurance Solutions, Analistas Financieros Internacionales (Afi), Agroseguro, el Consorcio de Compensación de Seguros, el Instituto de la Ingeniería de España y la Cátedra de Catástrofes (Universidad Pontificia Comillas y Tecnun-Universidad de Navarra).

Habrá un Comité Consultivo formado por los First Responders miembros del Observatorio de Catástrofes: Protección Civil, Cruz Roja Española y Unidad Militar de Emergencias.

50 millones por los daños del volcán

El director de Operaciones del Consorcio, Alejandro Izuzquiza, desvela “se han recibido 2.300 solicitudes de indemnización y se han pagado ya 50 millones de euros”. El Consorcio estima que el importe total de los pagos llegará a superar los 95,5 millones de euros. Izuzquiza señaló que el nivel de aseguramiento en el caso de La Palma es muy bajo.

Íñigo Vila, director de Emergencias de Cruz Roja, cree que “fenómenos como el del volcán Cumbre Vieja deberían mentalizarnos de que la protección civil comienza por uno mismo”.

Francisco Ruiz Boada, subdirector General de Prevención, Planificación y Emergencias de Protección Civil, revela que “el sistema de gestión de sucesos catastróficos ha contabilizado 4.253 casos durante el tiempo transcurrido de 2021, frente a los 849 sucesos de 2020 y a los 1.012 de 2019, lo que quiere decir que la curva de crecimiento se está acelerando”.

Los mayores riesgos en 2021 se han concentrado en actividad sísmica con 494 casos y en incendios forestales con 579 casos.

El Sistema Nacional de Protección Civil “es consciente de la necesidad de estar preparados ante las emergencias evolutivas y transversales”, y destacó que en caso de catástrofe “las competencias son concurrentes entre el Estado y las Comunidades Autónomas y no divergentes”. También resaltó la “necesidad de incrementar las políticas de autoprotección e información a la población, con el desarrollo del Mecanismo Nacional de Respuesta y de las Redes Nacionales de Prevención.