Esta semana, más de la mitad de los presidentes de comunidades autónomas del régimen económico general se han reunido en Santiago de Compostela para acercar posiciones sobre un posible nuevo sistema de financiación autonómica. Cinco socialistas, dos populares y un regionalista han acercado posiciones en esta materia, lo que creo que merece el saludo esperanzado de cualquiera que crea en el consenso político como mecanismo infalible de progreso.

Para los poco diligentes o simplemente desconocedores, hay que recordar que ese consenso al que los conferenciantes de Santiago apelan ha sido posible en otros tiempos. Fue con motivo de la ley de 2002, que obtuvo el respaldo de las 17 comunidades autónomas, sí, Cataluña también, por si se lo pregunta algún lector. Que no quede por señalar que, previamente se había logrado un pacto con el país Vasco y Navarra, para actualizar sus respectivos regímenes especiales, con lo que todo el mapa de España, hubo una vez, que firmó al unísono un modelo de financiación.

Andalucía, Castilla La Mancha y Extremadura, con Manuel Chaves, José Bono y Juan Carlos Rodríguez Ibarra,  tres pesos pesados socialistas, dejaron de lado sus descuelgues sistemáticos y se adhirieron al nuevo sistema, no recuerdo si con entusiasmo o con cara de circunstancias, pero firmaron el moidelo planteado por Cristóbal Montoro, que tendía a la foralidad  y al asentamiento de la corresponsabilidad fiscal..

Hay que decir que los ocho de Santiago representan más del sesenta por ciento del territorio español, aunque apenas superen la cuarta parte de la población y hay que hacerlo porque una de las materias que más enconan los planes (el de la ministra Montero está inédito, si es que lo tiene) y las negociaciones es el del tratamiento del factor poblacional, sin dejar de asumir que quienes pagan los impuestos son las personas y las sociedades y no los territorios.

Con posterioridad y en el momento económico más inoportuno, se planteó otra reforma de la financiación, esta vez condicionada por las urgencias del tripartito catalán, que encandilaba al Gobierno central. El sistema ideado en 2009 era complejo y nacía sin consenso, dos características que, de entrada, ya hacían presumir su conflictividad. Además, las cifras que se manejaban eran ilusorias, ya que la crisis había enseñado sus garras para cuando se publicó. Baste recordar el salto impresionante que dio el conjunto de la deuda de las comunidades autónomas.

A propósito de esta deuda, creo que también es justo señalar que las comunidades de los ocho de Santiago acumulan una deuda que es 16.460 millones inferior a la deuda de la sola Cataluña, que alcanza 81.862 millones de euros, casi la cuarta parte de la deuda total de las autonomías. (Esta cifras algo dirán, pienso yo, sobre la calidad y eficiencia de la administración de algún gobierno autonómico).

Si de una buena vez la ministra de Hacienda y Administraciones Públicas presenta un proyecto, deberá contar con el consenso básico de los ocho de Santiago, aunque yo creo que hoy en día es muy difícil conseguir un acuerdo política y territorialmente transversal. Amenaza el proyecto no una dificultad económica en la recaudación fiscal, que por el momento se sostiene, sino la pura política y la estrategia de los partidos. Andalucía, significativamente ausente de Santiago, tiene por delante unas elecciones de difícil pronóstico y sirve de disparo de salida de un encadenamiento electoral que culmina con unas elecciones generales.

Elecciones y consenso es un imposible categórico.