La discusión sobre la reforma laboral continúa abierta, cuando falta un mes para que expire el plazo acordado entre el Gobierno y la Comisión Europea para modificar las reglas laborales del país. Un objetivo ambicioso al que el Ejecutivo ha fiado el cobro de los fondos anticovid —entre otras materias—, y cuyo alcance sobrepasa con mucho el impacto de estas ayudas europeas.

Después de que el Ministerio de Asuntos Económicos se implicara en la negociación capitaneada por Trabajo con los empresarios y sindicatos, tres economistas de Fedea —la fundación de economía aplicada— han terciado hoy martes en la polémica.

Los tres economistas —Marcel Jansen, José Ignacio Conde-Ruiz y Jesús Lahera— analizan el impacto de la última reforma laboral de 2012. Y aconsejan preservar sus “avances” en materia de flexibilidad, aunque matizando algunos aspectos que han podido generar “desequilibrios” en favor del empresario, hasta el punto de desnaturalizar el mismísimo concepto de contrato de trabajo.

En síntesis, Jansen, Conde-Ruiz y Lahera recomiendan preservar los nuevos poderes ganados por el empresario tras la reforma del PP. Pero limitar los posibles excesos que tal vuelco en la regulación ha podido provocar en perjuicio de los trabajadores.

Suelo salarial para el convenio de empresa

En detalle, los economistas defienden que se mantenga la prevalencia del convenio de empresa sobre el de sector, aunque con un límite, los salarios, cuyo listón más bajo debería fijarse en el sector —donde los sindicatos son más fuertes—, sin que las empresas con convenio propio puedan pagar sueldos inferiores a ese umbral.

A cambio, la ley debería incluir otros aspectos, ahora no contemplados, que las empresas con un convenio propio podrían variar a la baja, sin el corsé del pacto sectorial. Así, estos tres economistas recomiendan incluir la organización del trabajo y medidas de flexibilidad interna de la empresa entre las materias con prevalencia sobre lo fijado en el convenio sectorial.

También abordan los investigadores la regulación de las contratas. En este caso, son taxativos. Y reclaman que las empresas subcontratadas sean obligadas a respetar los salarios del sector, a fin de evitar casos como el de las kellys, las limpiadoras de los hoteles, cuya situación se vio perjudicada por una combinación de externalización de actividades y prevalencia del convenio de empresa, que les causó importantes pérdidas de ingresos y una merma de derechos laborales.

Ultraactividad limitada, pero con matices

El momento en que un convenio caducado pierde su vigencia también se ha colocado bajo la lupa de los investigadores. En 2012, la legislación recortó a un año el período de vigencia extra de estos convenios caducados, frente a la anterior indefinición. Los de Fedea piden mantener este recorte de un año máximo. Pero introducir en la legislación la salvaguarda, llegada vía sentencia del Tribunal Supremo —la llamada contractualización—, que aleja del abismo a los trabajadores que carecen de un convenio de ámbito superior, y los aparta de una honda caída en sus salarios y condiciones de trabajo

Otro aspecto modificado por la legislación de 2012 es la llamada modificación sustancial de las condiciones de contrato; una prerrogativa unilateral de los empresarios, ganada gracias a la reforma del PP, y que los economistas piden moderar ahora, poniendo un límite a su duración y extensión, y una garantía de que la devaluación de condiciones laborales es proporcional a las causas alegadas para que la empresa deteriore los salarios y derechos de los trabajadores.

De otro modo, alegan, se corre el riesgo de desnaturalizar el concepto de contrato de trabajo, que solo obligaría a una de las partes, si el empresario puede saltarse lo pactado, con manga tan ancha como ahora, advierten los economistas.

“Institucionalizar” los AENC

Por último, los economistas encomian la firma de los grandes pactos salariales que vienen sellando periódicamente los empresarios y los sindicatos con alcance estatal. Y piden incluso “institucionalizar” los resultados de estos AENC (acuerdos por el empleo y la negociación colectiva), de tal modo que su contenido sirva de “mecanismo de coordinación” y guía para un “reparto razonable”, entre beneficios y salarios, de las ganancias de productividad de las empresas, evitando además los riesgos de inflación “inherentes a la negociación colectiva a niveles intermedios”, razonan.

Con todo, los los economistas, finalmente, que la reforma de la negociación colectiva, con ser importante, “no figura entre las recomendaciones de la Comisión Europea” para España.