El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, durante su intervención ante la Comisión de Presupuestos del Senado para informar sobre el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ve probable que el impacto del repunte de la inflación sobre la renta disponible de los hogares, la intensificación de los cuellos de botella y la extensión reciente de los contagios del coronavirus en muchos países europeos provoquen una revisión a la baja de las tasas de crecimiento trimestral del PIB en el último trimestre de 2021 y en el primero de 2022.

El Banco de España publicará unas nuevas proyecciones macroeconómicas en  diciembre, con una revisión significativa a la baja del crecimiento en 2021 y, en menor medida, en 2022.

Esto responde a que el crecimiento del PIB del segundo trimestre de este año ha sido revisado a la baja por el INE, desde un 2,8% inicial hasta un 1,1%, y a que el aumento del producto de la economía en el tercer trimestre habría sido del 2%, según la estimación preliminar, en lugar del 2,5% que el Banco de España preveía en septiembre.

El gobernador del Banco de España considera que el cuadro macroeconómico del Gobierno incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 es «optimista». En su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Senado, avisa que la recuperación de la economía española es «incompleta y heterogénea», y que no alcanzará el nivel prepandemia hasta el primer trimestre de 2023.

Las perspectivas en los próximos meses dependen, sobre todo, de  siete focos de incertidumbre: la evolución de la pandemia, la fortaleza del consumo de los hogares, la recuperación del turismo, el despliegue de los fondos europeos, la cicatrices de la crisis sobre el tejido empresarial, la persistencia de los cuellos de botella y de la inflación.

Revisión de los beneficios fiscales

También subraya la necesidad de revisar de manera rigurosa el «amplio espectro» de beneficios fiscales, que «en muchos casos, explican la baja recaudación fiscal en España».

Pide que las reformas impositivas en ciertos ámbitos (capital, beneficios de las empresas, medioambiente) sean consensuadas a escala internacional para evitar «las distorsiones derivadas del hecho de que haya bases fiscales fácilmente deslocalizables».

España presenta una inferior presión fiscal proveniente de la imposición indirecta y en particular del IVA, donde la diferencia en recaudación con respecto a la media de la UE asciende a 1,5 puntos del PIB en 2019.

Esta brecha contribuye a explicar una parte de la menor recaudación impositiva que presenta España con respecto al conjunto de la Unión Europea en ese mismo año (un 39,2% frente a un 43,1%).

Las diferencias en recaudación también se extienden a la imposición societaria, donde España recauda cerca de 0,7 puntos  menos sobre el PIB que la media de países de la UE. Por el contrario, nuestro sistema tributario obtiene una mayor recaudación relativa de la imposición sobre la renta de las personas físicas y las cotizaciones sociales.

El gobernador del Banco de España resalta la importancia de evaluar los efectos de las medidas discrecionales de recaudación siguiendo un criterio de prudencia, especialmente en aquellas situaciones en las que la evidencia sobre su impacto es escasa, como ocurre en el caso de la introducción de nuevas figuras impositivas.

El avance de liquidación de 2021 registra una recaudación inferior en unos 3.100 millones con respecto al presupuesto inicial. Esa desviación se explicaría por una recaudación tributaria por debajo de lo esperado (6.700 millones menos), apenas parcialmente compensada por unos ingresos por cotizaciones superiores a lo inicialmente presupuestado (3.600 millones más).

Cerca de la mitad de la desviación en los ingresos tributarios (3.000 millones) se explica por la menor capacidad recaudatoria de las nuevas medidas impositivas introducidas en 2021: sobre las transacciones financieras y sobre determinados servicios digitales, la limitación de las exenciones por doble imposición a las grandes empresas, y la subida del IVA a bebidas azucaradas. A esto se suma la no entrada en vigor del impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables y sobre los residuos en vertederos.

Los Presupuestos de 2022 incluyen dos nuevas medidas relacionadas con la recaudación tributaria. Por un lado, en el caso del impuesto de sociedades, se establece un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible de grupos consolidados o de compañías cuya cifra de negocios sea igual o superior a 20 millones. Por otro lado, se introduce en el IRPF una minoración del límite general de reducción aplicable a la base imponible por aportaciones y contribuciones a planes de pensiones individuales desde los 2.000 a los 1.500€, además de un incremento del límite de reducción por aportaciones a planes de pensiones de empresa desde los 8.000 a los 8.500 euros.

Para el gobernador del Banco de España, la previsión de ingresos por cotizaciones sociales de los Presupuestos es optimista

La reforma de las pensiones no es suficiente

Las medidas contenidas en la reforma de pensiones que aprobará esta semana el Congreso «no son suficientes» para cuadrar las cuentas de la Seguridad Social y, por tanto, serán necesarias «medidas adicionales» que compensen el mayor gasto que supondrá la derogación de la reforma de 2013 del PP, especialmente el índice de revalorización, que limitaba a un 0,25% la subida anual en caso de déficit, y el factor de sostenibilidad, que recortaba su cuantía inicial en función del aumento de la esperanza de vida.

Además del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que contempla un aumento de cotizaciones de 0,6 puntos entre 2023 y 2032, se han aprobado incentivos y penalizaciones para acercar la edad de jubilación efectiva a la edad legal y se transfieren recursos de la Administración General del Estado para asumir gastos impropios que, hasta ahora, había venido sufragando la Seguridad Social.

La vuelta al IPC para subir las pensiones supone un aumento de gasto en el sistema de 3,3 puntos de PIB entre 2019 y 2050, y no aplicar el factor de sostenibilidad, 0,9 puntos más.

El MEI supondrá un aumento en ingresos del 0,2% entre 2023 y 2032, con unos ingresos acumulados del 2,3% del PIB a final de su aplicación, pero aun con medidas adicionales su impacto no puede superar las ocho décimas de PIB al año.

La batería de medidas dirigidas a retrasar la jubilación está «sujeta a una elevada incertidumbre», con unas estimaciones por parte del Gobierno de entre 1,1 y 1,6 puntos de  PIB de menor gasto en 2050, mientras que la transferencia de recursos, cifrados en un 2% de PIB, sanean las cuentas del sistema pero no en el conjunto de las Administraciones públicas.

«Estas medidas de compensación no son suficientes para compensar totalmente y requerirán de medidas adicionales en el futuro para compensar, bien por la vía de ingresos o de los gastos, estos efectos», advierte el gobernador del Banco de España.

La previsión contemplada en el proyecto de Presupuestos en materia de pensiones «presenta ciertos riesgos de desviación al alza» vinculados a la inflación, de unos 1.500 millones, que se suman a los 2.000 millones adicionales procedentes del coste estimado de la compensación de las pensiones en 2021 por el mayor alza de los precios.

Colaboración público-privada contra la exclusión financiera

En respuesta a la intervención de la portavoz del Grupo Mixto en la Comisión de Presupuestos del Senado, Beatriz Martín Larred, sobre los informes publicados por el Banco de España sobre el aumento de la exclusión financiera en los municipios rurales de menor densidad, Pablo Hernñandez de Cos destaca que el porcentaje de ciudadanos españoles con una cuenta corriente es «altísimo».

«No podemos ahora aceptar que se nos genere un problema que no ha existido en nuestra economía y, para eso, hay que darle una respuesta adecuada: seguir analizando distintas propuestas, ejecutándolas, viendo las que funcionan y no funcionan y viendo cuál es la solución mas eficaz», señala.

«Al igual que sucede con la sanidad y la educación, el sector público tiene un papel muy importante que realizar y, en este caso, en colaboración con el sector privado, que es el que proporciona los servicios financieros», concluye.