Los expertos en tributación convocados por el Registro de Economistas Asesores Fiscales consideran que va a ser «difícil» realizar una reforma fiscal de calado, que actualmente está analizando un comité de expertos, en 2022 cuando España entrará en un periodo prácticamente preelectoral, condicionando la toma de decisiones.

«Desde el punto de vista de reformas fundamentales, el ciclo electoral nos va a comer y nos va a condicionar enormemente», afirma el catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan José Rubio, durante el debate sobre ‘La reforma de la tributación de la riqueza’, organizado por el REAF, el órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas.

Agustín Fernández, presidente del REAF, considera que es muy importante que tanto la tributación de la riqueza como el resto del sistema fiscal se regulen de forma homologable dentro de la Unión Europea y de la OCDE, y que exista una estabilidad regulatoria.

El Comité nombrado por el Gobierno debe presentar sus propuestas en febrero de 2022. Juan José Rubio avisa que esa reforma fiscal está provocando cierta inseguridad jurídica y frenando inversiones en España.

Este experto y el profesor de la Universidad de Barcelona y director del Instituto de Economía de Barcelona (IEB), José María Durán, coinciden en que si se quieren mantener los impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones, adscritos a las comunidades autónomas, deben estar armonizados para evitar la competencia fiscal entre territorios.

No obstante, Rubio considera que, en el caso de Patrimonio, no tiene sentido que un impuesto en vías de extinción en el mundo se haya revitalizado en España de forma indefinida. «Su existencia supone un desincentivo a la inversión extranjera, en un contexto en el que los países del entorno han renunciado a su aplicación», insiste. España es el único país de la UE que aplica el Impuesto sobre el Patrimonio.

Además, es un impuesto que tiene «enormes capacidades» de eludir su pago, ya que afecta a personas físicas y no a las jurídicas, por lo que creando sociedades interpuestas es «relativamente fácil» soslayar su tributación.

Rubio cree que el Impuesto del Patrimonio en Extremadura, con un máximo del 3,75%, está generando un efecto frontera por el desplazamiento de dinero hacia Portugal, donde no existe.

El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, no ve razonable que España, único país de la UE que aplica el Impuesto sobre el Patrimonio, se empeñe en mantener un tributo que dificulta la atracción y mantenimiento de talento y del ahorro, y que introduce excesivas distorsiones de equidad dentro del territorio.

Si se opta por mantenerlo, los expertos recomiendan una reforma profunda simplificándolo, mejorando la equidad en su aplicación y estableciendo tipos muy moderados. Y situarlo de una manera razonable en el marco de la financiación autonómica, ya que es un impuesto que «aparece y desaparece», generando confusión inseguridad jurídica a contribuyentes e inversores.

En cuanto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, los expertos creen que debe haber una armonización para todas las comunidades autónomas, suprimiendo exenciones y los coeficientes en función del patrimonio preexistente, estableciendo un mínimo exento igual para todos y con tipos impositivos proporcionales y no muy elevados, pudiéndose regular deducciones en cuota para los parientes más cercanos.

Agustín Fernández, presidente del REAF, considera que es muy importante que tanto la tributación de la riqueza como el resto del sistema tributario se regulen de forma homologable dentro del UE y OCDE, y dotándolo de una estabilidad hacia el futuro.