La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) se ha reunido con el Defensor del Pueblo para exponer sus propuestas en defensa de los intereses del consumidor. Pide, en primer lugar, que los ayuntamientos se allanen en los contenciosos por la plusvalía municipal declarada nula por el Constitucional, reconozcan la razón a los que ya habían iniciado su reclamación y evitarles ir a juicio. De no hacerlo así, se estarán comportando como los bancos, con un criterio de caja que prioriza la dilatación del proceso y el retraso del pago final, buscando la rentabilidad y ocasionando un grave perjuicio al consumidor.

Patricia Suárez, presidenta de Asufin, denuncia que “muchos consistorios llevan estos últimos cuatro años cobrando la plusvalía con pérdida de valor en la venta (minusvalía), a pesar de la primera sentencia del Constitucional, en 2017, y actuando por tanto sin cobertura legal, lo que supone desacato y prevaricación».

La asociación también expuso en la reunión mantenida con Andrés Jiménez Rodríguez, director del Área de Seguridad y Justicia del Defensor del Pueblo, la situación de vulneración que sufre el consumidor de su derecho a la tutela efectiva, consagrada en el artículo 24 de la Constitución.

Propone la creación de una Autoridad independiente, desligada del Ministerio de Asuntos Económicos, y con capacidad para sancionar a las entidades financieras. Y la imposición de recargos a las entidades que recurran cuestiones ya resueltas o reiterativas.

También pide al Defensor del Pueblo que inste a que todas las administraciones públicas redoblen sus esfuerzos en materia de digitalización. Si las empresas, en especial las pymes e incluso las de menor tamaño, están haciendo grandes esfuerzos por transformar sus procesos, el Estado no puede quedar rezagado

Asufin comprueba que las Administraciones se están digitalizando de manera irregular, con departamentos que avanzan más rápido que otros: la Agencia Estatal de Administración Tributaria cuenta con unos estándares muy elevados, mientras que otros departamentos con los que el ciudadano tiene que relacionarse intensamente ofrecen experiencias de usuario muy deficientes y generan una auténtica brecha entre administrado y Administración. La llegada de los fondos europeos Next Generation, que ponen el acento en la aceleración de los procesos de digitalización, debería convertirse en el revulsivo necesario para solventar estas carencias.

La asociación denuncia ante el Defensor del Pueblo que el Gobierno exige a las empresas un teléfono de atención gratuito que no ofrecen algunos ministerios y organismos públicos.