El Gobierno logra en el Congreso convalidar el decreto ley con la nueva formulación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal. PP y Vox votan en contra, porque creen que debería haberse suprimido tras la sentencia del Tribunal Constitucional.

Durante su defensa del decreto, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, presume del «tiempo récord» entre la sentencia y la entrada en vigor de la nueva norma. El impuesto «es plenamente constitucional», subraya. «Conviene aclarar que el Tribunal Constitucional nunca cuestionó su naturaleza» y ahora, con su nueva formulación, es «más justo».

Los ingresos corrientes municipales en los nuevos Presupuestos son un 11% más que en los de 2021, 22.122 millones€. Recuerda que el impuesto se aplica en la mitad de municipios y que en un 75% de éstos apenas supone el 3% de su recaudación.

Para Carolina España (PP) el Gobierno «ha perdido una oportunidad de oro para suprimir el impuesto», en vez de crear «uno nuevo». Inés Cañizares (Vox) anuncia recurso de inconstitucionalidad.

«Era necesario, pero no deja de ser un parche», asegura Joan Margall (ERC). Éste, Ferrán Bel (PDeCAT), Josep Pagès (Junts) y  José María Mazón (PRC) reclaman medidas compensatorias desde una reforma de la Ley de Haciendas Locales y de la financiación municipal.

Mari Carmen Martínez Granados, de Ciudadanos, defiende aumentar la financiación de las entidades locales a costa de los tributos estatales que gravan plusvalías de bienes e inmuebles, tanto en IRPF como en Sociedades, pero suprimir el de plusvalía.