El Gobierno ha aprobado hoy viernes el anteproyecto de Ley de Empleo, una norma que convertirá el actual Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la Agencia Española de Empleo, y obligará a las empresas y agencias de colocación a comunicar sus ofertas de empleo a la Oficina de Análisis del Empleo, un organismo de nueva creación que, además de analizar el mercado de trabajo, velará por que todas las vacantes cumplan con los criterios de no discriminación laboral, informó tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz.

La nueva Agencia Española de Empleo sustituirá al actual SEPE al cargo de la ejecución y control de las políticas de empleo, según el anteproyecto de Ley de Empleo aprobado hoy en primera vuelta por el Consejo de Ministros.

Esta agencia tratará de implantar un viejo sueño del mercado de trabajo en España, como es la atención individualizada a los parados, que se traduzca en el diseño de acciones personalizadas, por ejemplo formación, a fin de mejorar sus opciones de encontrar empleo; con especial atención a ciertos colectivos.

Un viejo sueño, pero sobre todo una exigencia de la Comisión Europea, que viene reprochando desde hace tiempo la poca eficacia de la labor del antiguo Inem en cuanto a la intermediación —el organismo apenas interviene en un 2% de todos los contratos que se firman en España—; y además ahora financia, con cargo a los fondos Covid, la imprescindible digitalización del vetusto organismo.

Además, el Consejo de Ministros aprobó hoy una nueva Estrategia sobre políticas activas, para el período 2021-2024; así como el plan anual de políticas de empleo (PAPE) 2021.

Datos de vacantes centralizados

Según Trabajo, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) afrontará una “profunda transformación”, convirtiéndose en la Agencia Española de Empleo. Además la ley de Empleo, que ahora enfila el trámite parlamentario, prevé la creación de una Oficina del Análisis del Empleo.

Esta “gran oficina”, en palabras de Díaz, centralizará los datos de todas las ofertas de empleo que se publiquen en España, que las empresas y agencias de colocación estarán obligadas a comunicar con celeridad, a fin de que el nuevo organismo pueda analizar “en tiempo real” y son sistemas de “inteligencia artificial” y análisis masivo de datos (big data), tanto las necesidades de las empresas en los distintos territorios, como la adecuación de esas vacantes en términos de no discriminación por sexo, edad o religión, explicó la ministra.

Se trata, según Díaz, de un “ejercicio de transparencia”, que permitirá además ahondar en el conocimiento del mercado de trabajo por parte de esta Oficina, que emitirá informes periódicos sobre la realidad laboral española.

Otra novedad de la futura regulación es que se incorpora a las entidades locales para desarrollar las políticas de empleo. Los ayuntamientos irán de la mano de las comunidades autónomas, como ahora sucede por ejemplo con el programa Barcelona Activa; un ejemplo de “prácticas muy positivas”, ilustró la ministra.

La nueva Ley de Empleo dará atención prioritaria a nuevos colectivos de demandantes de empleo, junto a los jóvenes, parados de larga duración y mayores de 45 años, a los que se añaden personas con discapacidad intelectual, migrantes, víctimas de violencia de género, minorías étnicas o trabajadores procedentes de sectores en reestructuración, como los de las cuencas mineras, aclaró la ministra.