Como era previsible, el regulador eléctrico de Nuevo México ha vetado la compra por Iberdrola, a través de su filial estadounidense Avangrid, la eléctrica PNM Resources, en una transacción que la habría valorado en 4.317 millones de dólares (3.600 millones de euros). Con más de un obstáculo encima de la mesa, la entidad del Estado, que opta por el veto por unanimidad, destaca que los riesgos del acuerdo superan los beneficios para los usuarios.

Para los miembros de la comisión reguladora no era posible apoyar la transacción por la trayectoria de Avangrid en la prestación de servicios en el Estado de Maine, si bien también por cuestiones judiciales. Ignacio S. Galán, presidente de Iberdrola, ha sido citado por el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea para el próximo 18 de enero por el llamado caso Villarejo. Iberdrola no es considerada ahora el socio idóneo para PNM en una etapa en la que debe afrontar el desafío que conlleva la transición energética.

Si bien para el grupo español la toma de control de PNM era un paso de gigante en su objetivo de reforzarse en Estados Unidos, un mercado que considera clave. La compra fue anunciada en octubre de 2020; entonces fue calificada de «amistosa», y logró que fuese recomendada por el consejo de administración de PNM Resources a sus accionistas.

El acuerdo estaba en línea además con la estrategia de invertir en negocios regulados y en energías renovables. Las autoridades de Nuevo México también se han fijado como meta eliminar los combustibles fósiles en la producción de energía para 2045. En este contexto, las organizaciones medioambientales apoyaban la operación: Avangrid se había comprometido con inversiones por 300 millones de dólares para reducir las emisiones de CO2.