El que fuera responsable del área de Regulación y Control Interno del BBVA hasta julio de 2019, Eduardo Arbizu, se ha ofrecido a declarar voluntariamente ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel-García Castellón sobre los encargos del banco al comisario  José Manuel Villarejo.

En un escrito fechado el 3 de diciembre, Arbizu ha pedido al magistrado instructor de la macrocausa ‘Tándem’ que señale día y hora para su declaración. Se suma así a las peticiones del exconsejero delegado de BBVA Ángel Cano y del que fuera jefe de Seguridad Ángel Corrochano.

La defensa de Arbizu explica que su representado, que fue citado por primera vez en noviembre de 2019, se acogió en ese momento a su derecho a no declarar hasta conocer las razones por las que se le había citado a declarar en calidad de investigado (imputado), especialmente cuando en aquel momento la causa era «secreta».

El responsable del área de Regulación y Control Interno del BBVA fue cesado en julio de ese mismo año tras ser acusado de ordenar investigar a Ausbanc y a su presidente, Luis Pineda.

En esta pieza separada 9 de la macrocausa ‘Tándem’, donde tanto BBVA como su ex presidente Francisco González están imputados, se investigan los servicios contratados por el banco a Cenyt, sociedad de Villarejo, para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017. Por esos trabajos, la entidad habría pagado al comisario más de 10 millones€.

El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 Joaquín Gadea tomará declaración el 20 de diciembre al que fuera jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) Manuel Vázquez.

El 21 de diciembre, comparecerá Corrochano, después de que éste enviase en octubre un escrito al juez en el que sostenía que era «inimaginable» que Villarejo siguiera en activo cuando el banco le contrató en diciembre de 2004, y que «nunca» sospechó que la información que les proporcionaba pudiera proceder de bases policiales de acceso restringido.

Está previsto que ese mismo día el juez también escuche a Cano, que también se ofreció a declarar voluntariamente al considerar que es «esencial» para su defensa. Cano fue citado como investigado en julio de 2019, pero entonces se acogió a su derecho a no declarar «por estar en secreto las actuaciones».