El  acuerdo alcanzado por los jefes de estado y de gobierno de la U.E. en la madrugada del pasado día 27 en relación con el sistema financiero europeo, confirma las perspectivas poco halagüeñas que se abren para la banca española (tendrá que recapitalizarse en 26.161 mm.€), la segunda por cuantía-, y, por extensión, para el crecimiento de la economía nacional en su conjunto.

El importe de la recapitalización que exige el acuerdo (2,5% del P.I.B.) y las razones que lo justifican obliga a las entidades afectadas  a una reordenación de calado de sus políticas en vigor, especialmente en los apartados financiación y riesgos.  Por lo que respecta al epígrafe financiación, la  obtención de nuevos recursos deberá dirigirse a conseguir los  calificados de máxima calidad (TIER 1),  cuyos coste de captación y mantenimiento es sustancialmente más elevado que el de cualquier otro activo. En relación con la segunda, esta deberá focalizarse en la reducción de la exposición a la deuda soberana de países  en problemas o que puedan presentarlos en un futuro próximo y sustituirla por  contrapartidas de elevada calidad crediticia.

Los fondos necesarios para afrontar los nuevos requerimientos de capital deberán ser allegados mediante el recurso directo a los mercados de capitales, por actuaciones orgánicas (capitalización de beneficios, venta de activos no estratégicos, reestructuración del balance,…) o una combinación de ambas. Independientemente de las estrategias que cada banco establezca para saldar el déficit de recursos que se le asigna, el clima de aversión al riesgo que impera en los mercados, agravado por la estigmatización de facto que implica su inclusión en la relación de entidades a recapitalizar, se traducirá, no solo, pero principalmente, en un incremento de costes estructural.

La reorganización de la cartera de riesgos, en el corto plazo, debería incluir la venta de parte o la totalidad de la deuda soberana “contaminada” y su sustitución por créditos de “calidad”. Actuación que no es previsible se produzca  al implicar el reconocimiento inmediato de fuertes pérdidas en la cuenta de resultados. Esta situación, combinada con los problemas de morosidad que arrastra el sector permite anticipar, máxime si tenemos en cuenta las nuevas necesidades de financiación, que se están produciendo paralelamente una retracción de la actividad crediticia.

En definitiva, las consecuencias que resultan del nuevo contexto son preocupantes para nuestro país. A las dificultades  que enfrentarán los bancos sujetos a recapitalización para alcanzar los nuevos estándares de capital se suman los problemas estructurales que arrastra el sector (exceso de capacidad instalada, morosidad, reducida generación de recursos,…) que derivarán, probablemente en una contracción de la oferta del crédito aún más acusada que la que en estos momentos se registra, y como corolario un estancamiento más profundo del crecimiento económico.