Náusea y vergüenza democrática provocaba, salvo a los sumisos y fanatizados miembros de la bancada socialista y sus socios de la Frankestein, escuchar las respuestas del Presidente del Gobierno en la sesión de control de este miércoles a las preguntas de Pablo Casado e Inés Arrimadas sobre las actitudes de puro nazismo que están sufriendo el niño de cinco años de Canet de Mar y su familia únicamente por exigir el cumplimiento de la ley y que se respeten sus derechos constitucionales. Conductas inadmisibles y perseguibles en un Estado de Derecho que son promovidas y alentadas desde el gobierno autonómico con la complicidad por omisión, silencio y sumisión del Ejecutivo nacional de Pedro Sánchez, colaborador necesario en esta política de segregacionismo y xenofobia.

Y con ellos el Defensor del Pueblo, ese Ángel Gabilondo, que ya dio muestras de su docilidad obediente durante las pasadas elecciones autonómicas de Madrid y que, ahora, se lava las manos cobardemente, cual Pilatos, aduciendo que carece de suficiente información y ahora también los llamados sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, que han decidido sumarse a esa marcha xenófoba de los independentistas, el 18 de diciembre, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a impartir un mínimo del 25 por ciento de clases en castellano. Unas centrales sindicales paniaguados, serviles y ya sin credibilidad pero que siguen chupando de la teta del Estado arrogándose una representatividad que socialmente ya no tienen.

Sólo una mera declaración de solidaridad, con la boca pequeña, hizo el Presidente, que debería serlo de todos los españoles, para desviarse hacia otras cuestiones marginales, y seguir sordo, mudo y complaciente como ha hecho también en el caso de las niñas prostituidas bajo la tutela del gobierno balear, los abusos sexuales a una menor que se atribuyen al exmarido de la vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra, o con las denuncias también de abuso sexual a uno de los hijos de la indultada Juana Rivas cuando estaba bajo la custodia de su madre.

Recuerdo ahora cuando un catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, cuyo nombre me veo obligado a omitir por si las represalias me advertían: “José Mari, tu no vives aquí. Goebbels al lado de estos era un aprendiz”. Era su respuesta a mi pregunta, hace unos años en una tertulia radiofónica, sobre como la sociedad catalana había perdido el seny para adocenarse o acobardarse ante el adoctrinamiento totalitario y el racismo segregacionista del nacionalismo gobernante en esa comunidad autónoma, aderezado con actitudes de violencia física y verbal, señalamiento con el dedo, amenazas o escraches contra quienes no piensan como ellos o no comparten su credo intransigente, xenófobo y totalitario.

Decía don Miguel de Unamuno que “el nacionalismo no es un sentimiento, sino una ideología que abandona la racionalidad”. Y ese abandono de la racionalidad es lo que está sufriendo hoy en Cataluña con las consiguiente devastación de la cohesión social, la educación y el añadido de la ruina económica, como demuestran la fuga de 4.596 empresas desde el 1-O de 2017, 246 de ellas en los últimos nueve meses y en proceso de aceleración. O las 1.293 empresas catalanas que, con datos del Radar empresarial de Axesor se han declarado en insolvencia entre enero y noviembre de este año, siendo Cataluña la comunidad líder en concursos de acreedores, por no recordar el sorpasso de Madrid, por quinto año consecutivo como primera economía y motor del crecimiento y del empleo en España.

Pero por ceñirnos únicamente al ámbito social y educativo convine recordar que los últimos datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional muestran que el abandono escolar de Cataluña ha situado por encima de la media española en once de los últimos catorce años. Sólo en 2020 la tasa de abandono temprano de la educación y la formación, que hace referencia al porcentaje de la población de 18 a 24 años que no ha completado el nivel de Educación Secundaria y no sigue ningún tipo de educación-formación, fue del 17,4 por ciento en Cataluña un 1,4 por ciento más que el resto de España y un 7,4 por ciento más que el abandono de Madrid.

“Nadie quiere venir aquí”, afirmaba recientemente el juez Jesús Gómez, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria en la comunidad catalana, aludiendo a los 211 magistrado que se ha marchado a otras regiones desde el Procés. Fuga de servidores públicos y de talentos como demuestra el hecho de que la Universidad de Zaragoza ha aumentado un 24 por ciento el número de alumnos, la inmensa mayoría de ellos procedentes de la vecina Cataluña.

Cómo le espetaba en esa misma sesión de control el líder de la oposición, rememorando las palabras del propio Presidente hacia el gobierno de Mariano Rajoy, “qué coño tiene que pasar en España para que Sánchez cumpla con sus responsabilidades”