El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi
Gustavo Valiente / Europa Press

Los empresarios no tienen prisa por cerrar el acuerdo. Cuando faltan horas para que se cumpla el plazo dado por el Gobierno para cerrar la negociación para la modificación de la reforma laboral, el jefe de los empresarios, Antonio Garamendi, pidió hoy una prórroga que permita atar un buen acuerdo. Una petición que obligaría a retrasar la llegada de fondos europeos, y a la que se oponen los sindicatos.

Garamendi replicó hoy así a los sindicatos, en concreto a UGT, que ayer demandó al Gobierno que cierre ya la negociación, y apruebe, aunque sea sin acuerdo, la nueva regulación del mercado de trabajo. Según el máximo responsable del sindicatos, Pepe Álvarez, las posturas de todos son ya conocidas, y apenas hay avances en cada reunión.

La negociación se intensificó esta semana, con una reunión diaria, en la que el Gobierno, los sindicatos y la patronal siguen discutiendo sobre la futura normativa laboral.

Paralelamente, los sindicatos se plantaron hoy frente a la sede patronal en Madrid, Valladolid y Valencia, en una protesta que busca llamar la atención, no solo sobre la reforma laboral, sino también sobre la situación de los salarios en un contexto de alta inflación.

Esta semana el líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, planteó a los empresarios un pacto a dos o tres años, que permita en ese plazo recuperar el poder adquisitivo que están perdiendo los salarios por culpa de la inflación y orientar así la negociación de miles de mesas de negociación de convenios, donde reina la tensión debido a la erosión que provoca el alza de los precios sobre las rentas del trabajo.

CEOE calla ante la oferta de un pacto salarial

Sin embargo, los empresarios callan hasta el momento ante la propuesta sindical de renovar el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva (AENC), marchito desde 2020.

En su lugar, el líder empresarial Garamendi, que ayer reunió a su cúpula directiva, se limitó a reclamar esas semanas adicionales de negociación, si bien guardó silencio en torno a los avances que se están produciendo en la mesa tripartita.

“Si por casualidad quedan horas, lo lógico es que se aplazara, si realmente seguimos avanzando”, afirmó el presidente de CEOE, en un alarde del uso de la oración subordinada.

Para Garamendi, las prisas “no son buenas consejeras”, ha dicho, tirando además de ironía a la hora de responder sobre la movilización sindical hoy a las puertas de CEOE. “El otro día se han ido de desayuno a La Moncloa. Pues ya les daremos café”, ha dicho.

El escollo de la temporalidad

La negociación parece encallada en torno a uno de sus principales escollos, el uso del contrato temporal. Una fórmula en principio proscrita, pero cuyo uso se ha extendido mucho más allá de los límites para los que se pensó en su creación en 1984.

Según fuentes consultadas, el Gobierno habría renunciado en sus últimos borradores a fijar una proporción de trabajadores temporales por sector; una idea que no gustaba ni a empresarios ni sindicatos.

También habría cedido en cuanto a su pretensión de eliminar prácticamente los contratos temporales, salvo en respuesta a picos de producción, derivando las contrataciones estacionales hacia el modelo de contrato fijo-discontinuo, cuyo éxito en algunos sectores, como el turismo balear, no convence sin embargo a los patronos del campo, que en su causa, han ganado al mismísimo ministro de Agricultura, Luis Planas.

Otro asunto polémico se refiere a la prevalencia de los convenios de empresa sobre los de sector. Una situación que permite a las empresas firmar convenios por debajo de los límites de sector. Y que, según los sindicatos, no ha servido para adaptarse a los baches económicos, sino para espolear la aparición de empresas que compiten en precios, abaratando los salarios y deteriorando las condiciones de trabajo.

Muchas voces dan prácticamente por hecho que la actual negociación devolverá su preeminencia al convenio de sector, al menos en lo relativo a los salarios. Pero también se aventura que los empresarios venderán cara su derrota en este asunto; exigiendo quizás contrapartidas en otras facetas de la negociación, como por ejemplo la temporalidad.

Finalmente, la modificación de la reforma laboral de 2012 pretende también regular los nuevos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Y adaptar su funcionamiento a tiempos de paz, después del intenso uso que de ellos se ha hecho durante la pandemia por coronavirus.

Los sindicatos insisten en sacar adelante estos nuevos ERTE, y probar de ese modo una herramienta que evite despidos, y los cambie por reducciones de jornada o suspensiones de contrato, donde también jugaría un papel importante la formación.