Apenas quedan ocho días hábiles para que acabe el año y el Gobierno tiene pendientes dos importantes jalones de su cometido. Aprobar unos presupuestos y su gran compromiso, una reforma laboral. Una escaramuza parlamentaria dejó al Presidente y a la ministra Montero sin poder cerrar las cuentas para 2022 esta semana. Mientras, la rival política de la que más tiene que temer Sánchez, se relame con la posibilidad de obtener un acuerdo, aunque sea de mínimos, para lo que iba a ser la laminación de la regulación laboral anterior y se va a quedar en una nueva chapucilla superficial, puro maquillaje.

La situación no es para tirar cohetes. Más bien el sonido de fondo es un molesto petardeo. El balance del año va a ser más bien pobre (en términos de finanzas del Estado, paupérrimo). Tengo un sistema que me ha servido durante años para detectar cómo les van las cosas a los Gobiernos. Si a partir de cada mes de agosto o septiembre, los miembros del Ejecutivo y del partido que lo soporta hablan mucho más de lo bueno que va a ser el año que viene, es que las cosas están yendo bastante peor de lo que pensaban este año. No es muy científico que se diga, pero a mí me ha servido de brújula.

Los últimos pronósticos, bueno, previsiones, que es más serio, apuntan a que el PIB de este año crecerá un tercio menos de lo que el Gobierno pensaba. Es una mala noticia prima facie, que tiene otras lecturas nada gratas. Por ejemplo, en cuanto a la deuda. Se esperaba que al crecer la economía, la ratio de deuda sobre el PIB mejorase. Y muy probablemente no va a ser así, porque la deuda neta ha crecido en 72.320 millones de euros, hasta final noviembre y la economía no ha crecido a un ritmo tan vivo.

Los Presupuestos Generales del Estado se aprobarán, seguro, entre cinco y tres días antes de que suene la campana. Todos los esfuerzos de transacciones multicolores, algunas espurias, se quedan políticamente en un fuego fatuo, en una victoria in extremis y, además, desnaturalizados por los cálculos erróneos que contienen sobre el presente ejercicio y, por ende, sobre el que viene.

En la otra gran partida por jugar estos días, la cotrarreforma laboral, cuando se firme el acuerdo, lo que pueda aprovecharse políticamente, lo extraerá hasta el fondo la vicepresidenta segunda y candidata a relegar a Sánchez en el liderazgo de la izquierda. Será una victoria, todo lo empañada que se quiera, pero que va a aprovechar la ascendente Yolanda Díaz y no el presidente del Gobierno.

Las únicas que van a cantar, desaforadamente, victoria son las organizaciones sindicales oficialistas. Van a recuperar oportunidades de recaudación con la prevalencia de los convenios sectoriales, la ultraactividad de los mismos y, de nuevo, la formación, por más que se demuestre, como acaba de ocurrir en UGT de Madrid (suma y sigue) que es un sistema proclive al fraude de dinero público. Y, por si fuera poco, han arrancado otra promesa de empleo para sus dirigentes en forma de planes de pensiones de empresa, cuyos fondos van a administrar tan preclaros financieros.

Sobre perspectivas económicas, ¿qué quiere que le diga? Si no somos capaces de estar de acuerdo en lo que acaba de pasar, por medido, pesado, y evaluado  que lo tengan las instituciones y los centros de estudios, qué decir de un futuro cuya única certeza a estas horas es que va a llegar, aunque no sepamos cómo.

La vida es dura. La vida política es, además, azarosa, con frecuencia injusta y, para acabar de arreglarlo, se ha hecho zafia y bronca.