El año 2021 ha sido muy intenso en noticias sobre las pensiones en España y el Instituto Santalucía, cuyo objetivo principal es fomentar el debate sobre el problema del ahorro sostenible y ayudar a las personas a entender sus decisiones financieras, ha querido ser referente para entender los cambios impulsados por el ejecutivo en esta materia.

Comenzábamos el año sobre la base de un acuerdo alcanzado por el Pacto de Toledo y refrendado en noviembre del 2020 por el Congreso de los Diputados, con una veintena de recomendaciones enfocadas a garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema. Quedaba pendiente ir negociando las medidas con los agentes sociales e ir legislándolas.

En los Presupuestos Generales del 2021 ya se incluyeron algunas acciones, como la trasferencia de 14.000 millones a los Presupuestos Generales para sufragar gastos impropios del sistema, o la disposición adicional donde se establecía que, en el plazo máximo de doce meses, el Gobierno presentaría un proyecto de ley sobre fondos de pensiones públicos de empleo. En el Real Decreto Ley 3/2021 se reformaba el complemento de maternidad, y la reforma global se enmarcaba en el componente 30 del plan de recuperación y resiliencia.

A lo largo de 2021 se han negociado la sustitución del IRP por el crecimiento de las pensiones al IPC, la sustitución del Factor de Sostenibilidad por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, se ha intentado alinear la edad efectiva y la edad ordinaria de jubilación modificando coeficientes de jubilación anticipada y generando nuevos incentivos para la jubilación demorada y se ha lanzado el anteproyecto para impulsar los sistemas complementarios de pensiones.

Nuevos contenidos

Desde el Instituto Santalucía este año hemos publicado nuestro Pensiómetro que analiza, a través de 20 indicadores, el estado del sistema público de pensiones español. Los indicadores que forman parte de este informe no se publican directamente en las estadísticas oficiales de la Seguridad Social.

Además, trimestralmente, compartimos informes que analizan el día a día de las pensiones, elaborados por el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social, que está formado por profesores de la Universidad de Extremadura (Inmaculada Domínguez y Borja Encinas), la Universidad Rey Juan Carlos (Miguel Ángel García) y la Universidad de Valencia (Mar Devesa, Robert Meneu y Enrique Devesa).

Me gustaría destacar tres de ellos , el primero “Comentarios sobre la vuelta a la revalorización de las pensiones con el IPC“, el segundo “Reflexiones sobre el nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos”  y el último que analiza el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional.

Foro de Expertos

El eje central del Instituto Santalucía es el  Foro de Expertos, que también se ha posicionado sobre todos los aspectos anteriormente indicados en las dos reuniones realizadas en este año. Como principio general, este organismo considera que la sostenibilidad del sistema de pensiones ha de ser prioritaria por tratarse de una condición sin la cual no tiene sentido hablar de suficiencia o de otros objetivos más ambiciosos.

Para garantizar la sostenibilidad hay que poner fin a la situación actual, en la que las nuevas pensiones que se incorporan al sistema lo hacen con un déficit, ya que ningún trabajador, incluso con las carreras más largas, cotiza lo suficiente como para financiar su pensión esperada, dados los niveles actuales de esperanza de vida tras la jubilación. El sistema ofrece una “rentabilidad implícita” sobre las cotizaciones muy superior a la que el crecimiento esperable de la masa salarial de la economía española le permitiría pagar, tal como han puesto de manifiesto sendos informes del Banco de España y del Instituto de Actuarios. Un exceso de generosidad, así definida, no es una virtud sino un grave problema que amenaza la sostenibilidad del sistema.

Además, medidas como el MEI son insuficientes ya que la recaudación podría estar en torno a los 2.000 millones de euros anuales, unos 20.000 millones en 10 años. Si tenemos en cuenta el último análisis realizado por la AIREF, la previsión de mayor gasto en pensiones en 2050 incluyendo la no aplicación del IRP y el FS daría un déficit anual de 4,2 puntos porcentuales sobre el PIB, claramente por encima de las cantidades indicadas. Por esta razón se traslada el problema al futuro sin encauzarlo realmente y nos aleja de las medidas de ajuste automático y simétrico que llevan adoptando desde hace años un creciente número de países europeos y del resto del mundo.

Por ello, el Foro de Expertos sigue transmitiendo a la sociedad que la asignatura pendiente sigue siendo la sostenibilidad.

Presupuestos

También se han analizado los Presupuestos Generales del Estado en materia de pensiones para 2022, que podrían desviarse debido a la incertidumbre existente sobre las proyecciones macroeconómicas utilizadas en la elaboración de los PGE y su influencia en el incumplimiento de las previsiones de ingresos por cotizaciones, que presuponen un fuerte crecimiento del empleo y la producción.

Además, la evolución del Índice de Precios al Consumo va a ser, claramente, más desfavorable que la contemplada en la elaboración de los presupuestos, lo que supondrá un mayor incremento del gasto en prestaciones, especialmente en pensiones.

El 2022 nos deparará adoptar nuevas medidas y desde el Instituto Santalucía seguiremos atentos para fomentar el debate y trabajar por un objetivo de pensiones sostenibles y suficientes.

 

 

José Manuel Jiménez, director del Instituto Santalucía