El BBVA ha solicitado al juez que indaga en los presuntos encargos que el banco hizo al comisario José Manuel Villarejo que cierre el caso el 29 de enero, cuando caduca, al considerar que están «agotadas» las pesquisas después de más de tres años de «profusa investigación», oponiéndose así a una nueva prórroga de las mismas.

El banco responde así al requerimiento del Juzgado Central de Instrucción Número 6, que el lunes 27 de diciembre  pidió al Ministerio Fiscal y a las demás partes que se pronunciaran sobre la conveniencia de extender esta pieza separada 9 de ‘Tándem’ más allá de su fecha límite del 29 de enero

El BBVA defiende que «la presente instrucción se encuentra agotada», por lo que «no resulta ni necesaria ni pertinente la prórroga del plazo», tras más de 50 declaraciones, 100 requerimientos de información y 100 escritos, concretado en «26 tomos de actuaciones y muchos gigabytes de documentación anexa».

Argumenta que «no hay nada más por investigar»,  y que las diligencias que se han efectuado desde la última prórroga acordada, el 29 de julio, «han resultado inútiles» porque «no han aportado ningún dato nuevo». «El mejor ejemplo de ello lo encontramos en la última diligencia practicada», señala en referencia al registro efectuado el  22 de diciembre en casa del ex jefe de Seguridad de BBVA Julio Corrochano, donde solo se intervino un documento que fue aportado por el propio banco «hace más de dos años».

«No existen tampoco diligencias pendientes de ser acordadas y practicadas que puedan justificar una nueva prórroga» y que la petición de varios investigados de prestar declaración puede decidirse ahora aunque se lleve a cabo después del 29 de enero, dado que la ley lo permite.

Peticiones de exdirectivos

La posición del BBVA contrasta con el hecho de que siete exdirectivos del banco, que se refugiaron en su derecho a no declarar cuando fueron citados por primera vez a comparecer en la Audiencia Nacional tras ser imputados, en algunos casos hace más de dos años, han pasado a solicitar por escrito al juez que les cite para poder dar, ahora sí, su versión sobre los hechos.

Desde el 3 al 27 de diciembre, esos directivos del banco han remitido escritos al magistrado Manuel García-Castellón urgiéndole a que les tomen declaración. Otros dos,  que cuando fueron citados por primera vez se acogieron a su derecho a no contestar, ya han comparecido: Julio Corrochano y el exconsejero delegado Ángel Cano.

De los siete exaltos cargos del BBVA que han pedido comparecer ante el juez, el primero en hacerlo, el 3 de diciembre, fue Eduardo Arbizu, responsable del área de Regulación y Control Interno del BBVA hasta julio de 2019, cuando fue cesado precisamente por su supuesta implicación en el encargo hecho al comisario de investigar a Ausbanc y a su presidente, Luis Pineda.

Una semana después de Arbizu hizo lo mismo Manuel Castro, exdirector de Riesgos del Grupo BBVA. El 22 de diciembre lo hizo Javier Malagón, exdirector de fianzas. Y un día más tarde fueron Eduardo Ortega, antiguo director de los servicios jurídicos contenciosos; Ricardo Gómez Barredo, director de contabilidad y luego consejero de la filial turca del banco, Garanti; y José Manuel García Crespo, exresponsable de servicios jurídicos del banco. El 27 de diciembre dio el paso fue Nazario Campo, jefe de grupo del equipo de Seguridad del BBVA.