Iberdrola no se da por vencida después del revés sufrido en la operación de compra de la eléctrica PNM Resources, que opera en Nuevo México (Estados Unidos). El regulador de ese estado vetó la adquisición de la compañía al grupo que preside Ignacio S. Galán, que se iba a materializar a través de su filial estadounidense Avangrid.

Para la eléctrica española se trataba de un paso más que relevante en uno de los mercados clave para su crecimiento e internacionalización. Era una transacción valorada en más de 8.000 millones de dólares (unos 7.000 millones de euros). La empresa resultante sumaria activos por 40.000 millones de dólares, obtendría un Ebitda (resultado bruto de explotación por 2.500 millones) y un beneficio por 850 millones.

Ahora la operación vuelve a estar viva con la decisión conjunta de Iberdrola e PNM de presentar ante el Tribunal Supremo de Nuevo México un recurso contra la resolución de los reguladores del estado norteamericano del pasado de 8 de diciembre que impidió la fusión. Inician, por tanto, una batalla legal desde el 3 de enero de 2022 contra la New Mexico Public Regulation Commission que la impidió, contra la opinión de las autoridades de Nuevo México.

En esta línea y para poder iniciar el proceso judicial, Avangrid y PNM se han dado más tiempo y han extendido el acuerdo de fusión hasta el 20 de abril de 2023, con la opción de prórroga de otros tres meses si se dan ciertas circunstancias, siempre por acuerdo de ambas partes. Este pacto ha sido comunicado a la SEC (EE UU) y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los reguladores de Nuevo México argumentaron que Avangrid, la filial de Iberdrola de la que posee el 81% de las acciones, arrastraba problemas de calidad en el suministro de electricidad en otros estados. Si bien una cuestión que pareció decisiva fue la relacionada con la reputación de la compañía española por la presunta implicación de la cúpula directiva en la contratación del excomisario Villarejo para espiar a competidores. “No es el socio adecuado en este momento crítico de nuestra transición energética”, señaló en diciembre el presidente del regulador, Stephen Fischmann,

Además de importancia de la compra-fusión para Iberdrola, la compañía ha optado por reaccionar ante una resolución que dañaba su reputación en un área tan competitiva como en el mercado eléctrico internacional. El plazo que se han dado, hasta 2023, conlleva un escenario diferente, con la posible resolución del caso Villarejo.