En Consejo de Ministros celebrado el pasado 21 de diciembre, el Gobierno aprobó el proyecto de reforma de la Ley Concursal. Ante este cambio, con el que se pretende trasponer a la legislación española la Directiva de restructuración preventiva 2019/1023, y que acaba de ser informada por el Consejo de Estado, son muchos los expertos en materia concursal y económica los que temen posibles efectos negativos, tanto para el sector como para las empresas afectadas por procesos concursales, en el caso de aplicarse tal y como está configurada en este momento,

Este proyecto introduce los denominados planes de reestructuración, suprimiendo así los actuales instrumentos pre-concursales, que serían los acuerdos de refinanciación y acuerdos extrajudiciales de pago. Mientras que la Directiva potencia la figura del administrador concursal, el anteproyecto la excluye en multitud de supuestos, lo cual supone un gran riesgo para la seguridad jurídica de los acreedores, que quedarán desamparados durante todo el proceso.

Tanto el procedimiento de reestructuración como el especial para microempresas, podrían derivar en consecuencias negativas en el ámbito económico y financiero de las empresas. Algunas de estas repercusiones consistirían, por ejemplo, en la reducción de la financiación espontánea que las empresas ofrecen en sus condiciones comerciales, el incremento del pago al contado o incluso el cobro por anticipado para tratar de evitar impagos, y ejecuciones singulares.

Además, el proyecto presentado, tal y como está planteado, no va a cumplir los objetivos expuestos en la Directiva. En definitiva, esta reforma prescinde de figuras que los expertos consideramos esenciales para un buen funcionamiento del proceso concursal que de nuevo supondrá más carga de trabajo sobre los ya sobrecargados juzgados mercantiles, además de reducir las garantías de que este alcance su principal objetivo como es el de potenciar la maximización del recobro, lo que sería muy perjudicial para los intereses de los acreedores ordinarios.

Una solución desacertada
En definitiva, desde el despacho Abencys consideramos que, con esta reforma, en vez de mejorar el proceso concursal a nivel estatal, se le pone en riesgo. En consecuencia, puede empeorar la efectividad del proceso, perjudicando en definitiva a aquellas empresas que se encuentren afectadas por situaciones concursales de sus clientes.

Javier Díaz-Gálvez es socio de Abencys Reestructuraciones, un despacho de abogados y economistas que él fundo junto con Luis Martín. Esta firma que presta sus servicios profesionales especializados en el asesoramiento empresarial en todo el territorio español, ofrece también cobertura internacional, gracias a los acuerdos bilaterales firmados con una red de despachos independientes de reconocido prestigio.