UGT avisa de un incremento de los conflictos ante la pérdida de poder de compra

11/01/2022

Luis Martínez del Amo. El sindicato insta a los empresarios a negociar un nuevo acuerdo estatal que generalice las cláusulas de revisión salarial.

El sindicato UGT ha advertido hoy a los empresarios de que la conflictividad crecerá en las empresas a menos que los patronos se avengan a negociar un nuevo acuerdo marco que ponga a los salarios sobre la pista de la inflación.

La amenaza llega en un momento en que los empresarios deben negociar una nueva subida del salario mínimo. Y cuando la sexta ola de la pandemia, y la variante ómicron, satura los hospitales, y dispara el número de bajas por culpa de la enfermedad.

La advertencia de UGT se suma a la voz del otro gran sindicato, Comisiones Obreras, que ha pedido a los patronos diferir los incrementos salariales, a fin de evitar generar una espiral inflacionista; pero abordar la cuestión a fin de paliar el gran desfase entre la carestía de los precios y el torpe crecimiento de los salarios.

Según UGT lo deseable es que los convenios colectivos incorporen cláusulas de revisión salarial o mecanismos de actualización, que eviten el abismo que distancia la evolución de los precios —que cerraron diciembre en una tasa interanual del 6,7%— y el alza de los salarios, que apenas alcanza el 1,5%, según la media pactada en convenio el pasado 2021.

Una pérdida de poder adquisitivo superior a cinco puntos porcentuales, que sin embargo, se reduce a 1,6 puntos si se tiene en cuenta la inflación media de 2021 —un 3,1%— , y no solo la diferencia entre el índice correspondiente a los dos últimos meses de diciembre.

Sin embargo, los patronos parecen más preocupados en la actualidad por otras cuestiones. La primera de ella, la negociación del nuevo salario mínimo interprofesional (SMI), que debería abordarse inmediatamente, según anunciaron desde el ministerio de Trabajo, con la intención de llegar hasta los 1.000 euros, desde los 965 actuales (por catorce pagas), a fin de acercarse a la meta del 60% del salario medio al final de la legislatura.

La siguiente, la respuesta frente a la Covid, cuando la sexta ola de la pandemia, dominada por la variante ómicron del virus, ha disparado el número de bajas médicas, y por consiguiente los gastos y problemas de las empresas para adaptarse a la situación.

CEIM pide automatizar las altas

Aunque el trabajador no cobra los tres primeros días, siempre que la baja sea por enfermedad o accidente no profesional, la empresa asume su coste entre el cuarto y el vigésimo día de la baja, hasta un 60% del salario (en realidad de la base reguladora, coincidente en muchos casos).

La mayoría de los procesos de coronavirus se están tramitando de esta forma. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, las bajas laborales se han multiplicado por once en un solo mes, según los datos de las mutuas que enarbolan los empresarios madrileños.

Un incremento brutal de las bajas que han llevado a los patronos a proponer un sistema de altas automáticas, siempre que los pacientes no muestren síntomas. Según CEIM, las consultas están saturadas. Y este atasco está demorando el proceso de alta, especialmente en los sectores del comercio alimentario y la hostelería.

Por ello los patronos proponen que, siempre que no haya síntomas, los médicos pongan fecha al alta, y la concedan al mismo tiempo que dan la baja, con una semana tasada para la recuperación.

De esta manera, se evitaría el colapso del sistema nacional de salud. Y aliviar los costes a las empresas, destacan los empresarios. “No ha sido generalizado el desarrollo de sintomatología grave”, aducen.

Los empresarios calificaron de “alarmante” el momento actual, marcado por la explosión de bajas laborales. Y propusieron además dar más papel a las mutuas para gestionar la vertiente laboral de la pandemia.

Maniobras para salvar la reforma laboral

Paralelamente el Gobierno se afana por tratar de evitar el derribo de la reforma laboral. Aprobada hace unas semanas, después de una larga negociación con empresarios y sindicatos, la reforma —exigida además por Bruselas para liberar fondos frente a la pandemia— se encuentra ahora en el atolladero.

La minoría parlamentaria del Gobierno, que apenas suma 154 escaños, frente a los 176 que marcan la mayoría absoluta, obliga a buscar votos, a fin de convalidar el real decreto ley aprobado el 28 de diciembre, que dio vigencia a la reforma laboral.

Sin embargo, la pinza entre nacionalistas y el bloque de izquierdas, que ha acompañado al Gobierno en otras votaciones de altura —como los propios Presupuestos Generales del Estado—, sumado a la resistencia del Partido Popular y de Vox, amenazan con tumbar la norma pactada entre los empresarios y los sindicatos.

Hoy el Gobierno descartó tramitar el real decreto como proyecto de ley, como le exigen algunos partidos. Un movimiento que pretende evitar que las Cortes introduzcan cambios en el articulado de la norma, según fuentes del Ejecutivo que cita Europa Press.

El ministro de Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, pidió “sentido de Estado” a las formaciones progresistas que han apoyado anteriormente al Gobierno. Y advirtió que “votar en contra de la reforma laboral es votar a favor de la reforma de 2012”; una reforma “brutal” para los trabajadores, concluyó.

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