El Gobierno tendrá que esperar hasta febrero, como mínimo, para poder aprobar la Ley de Vivienda en el Consejo de Ministros, después de que los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hayan rechazado la propuesta del informe del organismo al anteproyecto de la Ley de Vivienda y hayan decidido cambiar al ponente, el exdiputado socialista Álvaro Cuesta.

Esta es la segunda vez que se posterga la aprobación de esta normativa, cuyo acuerdo en 2021 sirvió a los socios del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2022.

Sánchez expresó el 10 de diciembre su intención de llevar la Ley de Vivienda al Consejo de Ministros antes de que terminara el año, aunque eso no fue posible debido a la falta del informe preceptivo del CGPJ.

El motivo del retraso en esta ocasión ha sido, de nuevo, la ausencia de ese documento, aunque esta vez la demora se debe al rechazo a la propuesta del informe realizada por el ponente designado.

El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto en primera lectura el 26 de octubre y un día después se inició el trámite de audiencia e información pública, que finalizó el 18 de noviembre de 2021.

Durante ese trámite se presentaron 90 alegaciones en tiempo y forma por diferentes instituciones, entidades y particulares, según informaron fuentes del Ministerio dirigido por Raquel Sánchez. Esas alegaciones se analizaron entre el 18 y el 28 de noviembre, para remitirse el 29 de ese mes a los Departamentos Ministeriales para su informe.

El Ministerio envió el documento al CGPJ el pasado 1 de diciembre para su informe por urgencia. El CGPJ contaba con un plazo de 15 días hábiles, debido al carácter de urgencia, para emitir el informe, por lo que el plazo ya habría finalizado a finales de diciembre.

La normativa sobre vivienda contempla regulaciones el precio del alquiler en zonas de mercado tensionadas, bonificaciones para incentivar que pequeños propietarios bajen las rentas a los inquilinos y medidas para fomentar el parque público de vivienda, entre otras medidas.

Rechazo del informe

Los vocales del CGPJ han rechazo por 15 votos a 6 la propuesta de informe al anteproyecto presentado por Cuesta, en el que se reconocía el valor de la ley para garantizar el acceso a la vivienda, aunque apreciaba inconcreciones e imprecisiones en algunos aspectos.

Los vocales del nuevo informe que elaborará el organismo serán José Antonio Ballestero y Enrique Lucas. Ambos presentarán el texto en el pleno ordinario del 27 de enero, lo que imposibilita que la ley pueda aprobarse el próximo martes, día 18 de enero, como tenía previsto el Gobierno.

Los miembros del CGPJ discrepan de la calificación del derecho a la vivienda como un derecho subjetivo, ya que incorpora «un evidente sesgo ideológico».

IU acusa al CGPJ de estar al lado de los grandes propietarios

Unidas Podemos critica la decisión del CGPJ porque provoca «retrasos injustificados» en una normativa clave en esta legislatura. El portavoz parlamentario Pablo Echenique, advierten de lo que implica «en términos democráticos».

En IU, uno de los integrantes de su Ejecutiva, Carlos Sánchez Mato, acusa al órgano de gobierno de los jueces de ejercer como «abogado defensor de los grandes propietarios».

Fotocasa pide tener en cuenta al sector inmobiliario

El portal inmobiliario Fotocasa pide al Gobierno «no apresurarse» en la aprobación de la Ley de la Vivienda y hacer un ejercicio de responsabilidad, tras la decisión del CGPJ, que atribuye a desacuerdos sobre el «reparto de las competencias de las administraciones», dado que la nueva norma debe convivir con la legislación autonómica dictada en materia de vivienda.

La directora de estudios de Fotocasa, María Matos, critica que todavía «no se han tenido en cuenta las aportaciones y valoraciones del sector inmobiliario», y cree que la ley debe ofrecer seguridad a los propietarios que alquilan las viviendas y proteger a los colectivos vulnerables.