En un amplio informe las Cámaras fijan como objetivos estratégicos el resolver los problemas de acceso a la financiación y la falta de liquidez de las empresas, el crear un entorno favorable a las personas emprendedoras y que puedan fomentar el empleo, simplificar los trámites administrativos, reforzar las políticas públicas que favorezcan la exportación, reducir el déficit público por la vía de los gastos corrientes, ante la subida de impuestos y el recorte de las inversiones. Impulsar la ejecución de nuevas infraestructuras imprescindibles para la competitividad de la economía catalana, garantizar la inversión pública en infraestructuras productivas en un contexto de restricciones presupuestarias, promover un modelo energético estable basado en el ahorro y en la competitividad del precio de la energía, crear un modelo de gestión del agua y de los residuos sostenibles, buscar la máxima eficacia en las políticas púbicas de apoyo a la innovación, convertir la formación profesional en un sistema educativo de primer nivel en prestigio y número de graduados, profesionalizar la gestión universitaria y acercar la investigación al mundo de la empresa y valorar el talento femenino para salir de la crisis y seguir manteniendo el estado de bienestar.

A lo largo de setenta medidas concretas, desglosadas en siete bloques, consideran que el primer objetivo es resolver el acceso a la financiación y la falta de liquidez empresarial. Proponen ampliar el sistema de avales públicos, aprobar una línea de crédito ICF a los ayuntamientos, aprobar un plan renove para las pymes industriales, cumplir la Ley de Morosidad y mejorar la relación entre los plazos del pago y la devolución de los impuestos.

En el apartado de creación de empleo las Cámara proponen, entre otras cosas, bonificar el 100% las cuotas de la SS a los emprendedores durante sus dos primeros años de actividad, agilizar y abaratar el proceso de apertura y cierre de empresas y valorar el papel del empresario en la sociedad.

El tercer objetivo plantea simplificar y desregularizar la administración, reduciendo el exceso de normativa. Fijan como objetivo reducir el 25% los trámites administrativos, impulsar la plataforma de integración y colaboración entre administraciones (PICA) y avanzar en el desarrollo de la administración electrónica.

En lo que respecta al sector público proponen adelgazar la administración, reduciendo el papel burocrático de la administración y reduciendo las unidades departamentales que se financian con recursos públicos (recuerdan que mientras la Generalitat tiene 15 consejerías, la Comunidad de Madrid sólo tiene 10), estudiar el copago en la prestación de algunos servicios sanitarios y replantearse la ley de la la dependencia.

En el apartado de infraestructuras apuestan por la dotación viaria y ferroviaria del corredor mediterráneo, posicionar a los puertos catalanes como puertos logísiticos del sur de Europa. Y permitir la gestión individualizada del aeropuerto de Barcelona.