España respalda la propuesta de Bruselas para empezar a aplicar un Impuesto de Sociedades mínimo del 15% para las grandes empresas a partir del 1 de enero de 2023, como parte de un nuevo acuerdo impositivo global para las multinacionales acordado entre los países de la Organización para la cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el pasado octubre.

«La adopción de esta Directiva es una prioridad para España. Queremos que se haga rápidamente y de modo eficaz», afirma el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, en la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, el Ecofin. «Los plazos son ambiciosos y la transposición compleja», avisa.

La propuesta de la Comisión, que establece una exención a las empresas para el pago del impuesto complementario de una cantidad de ingresos que sea al menos del 5% del valor de los activos fijos de la empresa y el 5% de los gastos en nóminas. debe ser ratificada por los 27 Estados, algo que Bruselas espera alcanzar en marzo.

Para ello, el secretario general del Tesoro defiende avanzar en la transposición de un Impuesto de Sociedades mínimo del 15% para empresas con una facturación superior a 750 millones€, sin que el desarrollo de la tributación de los gigantes digitales «sea un obstáculo».

El debate en el Ecofin se ha centrado en si la implementación de la tributación de los gigantes digitales aprobada por la OCDE y el mpuesto mínimo de sociedades del 15% para grandes empresas deben ser movimientos simultáneos.

El ministro francés de Economía y Finanzas y nuevo presidente del Ecofin, Bruno Le Maire, argumenta que «políticamente hemos sido los primeros en hacer que la tributación mínima internacional se debatiese y sería bueno que fuéramos los primeros en aprobarla». Para la presidencia francesa de la UE, se trata de un asunto «prioritario».

Las mayores objeciones a la propuesta han sido expuestas por Hungría y Malta. «Nuestra principal inquietud ahora es la aplicación obligatoria de un impuesto mínimo en todos los Estados miembros, en una aplicación obligatoria que repercutiría sobre las empresas multinacionales y que afectará las reglas internas», señala el ministro de Economía húngaro. Por su parte, el maltés admite «fuertes reservas» sobre algunos elementos de la propuesta de la Comisión Europea: «No retiramos el apoyo al proceso, pero no puedo ignorar las graves preocupaciones sobre cómo esto afectará a mi país».

Le Maire resalta el compromiso de Irlanda para avanzar en una tributación internacional:  «Es una evolución importante del sistema económico irlandés». Y deja muy claro que no se trate de una armonización de la tributación europea: «No es una injerencia sobre la soberanía fiscal de cada Estado miembro de la UE».

La iniciativa propuesta por la Comisión Europea el pasado diciembre recoge el compromiso de la Unión Europea con la reforma pactada en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que incluye un tipo mínimo de Impuesto de Sociedades a nivel global del 15%. El objetivo es tener un marco fiscal transparente, equitativo y estable.

El plan de Bruselas, que tiene que ser ahora adoptado por los Veintisiete, establece una exención a las empresas para el pago del impuesto complementario de una cantidad de ingresos que sea al menos del 5% del valor de los activos fijos de la empresa y el 5% de los gastos en nóminas.